El pleno del Senado cerrará el próximo miércoles, con la votación definitiva de los candidatos al Tribunal Constitucional (TC), tres años de desacuerdos entre PP y PSOE que han llevado a un bloqueo histórico en la renovación del Alto Tribunal y forzado una modificación legal para subsanarlo. Los tres años pasados desde que, en diciembre de 2007, expirara el mandato de la presidenta del TC, María Emilia Casas, el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, han hecho que su renovación coincida en el tiempo con la de los cuatro vocales que corresponde nombrar al Congreso. Ese es el motivo por el que PSOE y PP pactaron una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se descontará del mandato de los magistrados el tiempo invertido en su renovación, con el fin de cumplir el mandato constitucional de que sean renovados por tercios. Así, Adela Asúa Batarrita, Francisco José Hernando Santiago, Luis Ignacio Ortega Álvarez y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel -los magistrados que serán finalmente elegidos el miércoles en el pleno del Senado- estarán seis años en el Tribunal Constitucional, en lugar de los nueve que estipula la Constitución. La Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta, donde se bloqueó la renovación, respaldó finalmente esos cuatro nombres el pasado 6 de octubre. Sin embargo, los grupos del Senado acordaron, a petición del PSOE, retrasar un poco más la votación en pleno, para dar tiempo a cerrar un acuerdo en las vacantes del Congreso y evitar así el nombramiento de un presidente interino del Tribunal Constitucional. El presidente del Congreso, José Bono, pedirá esta semana a los portavoces parlamentarios que cierren un acuerdo para proponer candidatos a las cuatro vacantes del TC que debe cubrir la Cámara Baja. Serán los sustitutos de los magistrados Javier Delgado Barrio, Eugeni Gay Montalvo y Elisa Pérez Vera, cuyo mandato venció el pasado 7 de noviembre, y Roberto García Calvo, fallecido en mayo de 2008. Los candidatos deberán ser propuestos por los grupos parlamentarios, un máximo de cuatro cada uno de ellos, es decir, tantos como puestos a cubrir. Durante el tiempo que se bloqueó la renovación en el Senado, el principal escollo para que los dos grupos mayoritarios llegaran a un acuerdo ha sido Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial cuya candidatura, presentada por el PP, no aceptaron por los socialistas y fue finalmente rechazada por el Senado. Los servicios jurídicos de la Cámara Alta alegaron que López no cumplía el requisito de quince años de ejercicio en el cargo, una decisión sobre la que debe pronunciarse ahora el propio Tribunal Constitucional. El PP sigue defendiendo la candidatura de López y, de hecho, será uno de los dos nombres que proponga al Congreso, si la decisión que finalmente adopte el TC le permite acceder al Alto Tribunal. Al igual que ocurrió en el Senado, los grupos deberán especificar en el Congreso los méritos profesionales y académicos de los candidatos que promuevan, así como aquellas circunstancias que manifiesten su idoneidad para ser designados como miembros del TC, según establece una resolución de la Presidencia del Congreso de mayo de 2000 que regula el procedimiento de elección de los magistrados. Una vez presentadas las candidaturas, corresponderá a la Comisión Consultiva de Nombramientos comprobar que cumplen los requisitos y acordar la comparecencia de los propuestos para que puedan informar sobre su idoneidad. Sin carácter vinculante, esta comisión está presidida por el presidente de la Cámara, José Bono, e integrada por los portavoces de los grupos parlamentarios, que podrán pedir aclaraciones a los magistrados sobre sus trayectorias profesionales, académicas o sobre sus méritos personales. El criterio de la Comisión será trasladado al pleno, cuyos diputados tomarán una decisión en votación secreta, escribiendo en una papeleta hasta cuatro nombres, de manera que serán elegidos los cuatro candidatos que hayan obtenidos más votos. En cualquier caso, la ley exige que cada uno de ellos consiga, como mínimo, tres quintos de los votos de los miembros del Congreso, es decir, el apoyo de 210 parlamentarios, una mayoría cualificada que hace imprescindible que se sumen los votos del PSOE y PP.