Hoy, si no hay cambios de última hora, se conocerá la sentencia del procés, seguramente la más trascendental en 40 años de democracia. A las puertas de unas elecciones generales de resultado incierto, y con algunos de los presos rozando los dos años de prisión preventiva, la decisión del Tribunal Supremo marcará sin duda un cambio de ciclo en la historia política de Cataluña y España.

Hay varias maneras de interpretar el periodo de tiempo que se abre ahora. El Estado querría que fuera el del canto del cisne del procés, pero el independentismo pretende aprovechar la indignación para galvanizar a unas bases contagiadas del desconcierto de sus líderes.

Una frase que Artur Mas pronunció hace cinco años sirve como mejor resumen de la tensa expectación con la que todos los actores implicados esperan el fallo. «Entramos en un terreno desconocido en el que no hay seguridades absolutas», dijo el entonces presidente de la Generalitat, uno de los principales impulsores del procés, a las puertas del 9-N.

Ha llovido mucho y el estado de ánimo del soberanismo es muy diferente. En el 2014, los partidos independentistas no habían fracasado en su objetivo de sumar el 50% de los votos en unas elecciones, ni habían organizado un referéndum declarado ilegal, ni habían comprobado la indolencia internacional, ni se había proclamado en el Parlament una secesión sin efectos prácticos que sirvió para activar los resortes judiciales del Estado. Ni los principales líderes políticos del movimiento habían sido encarcelados o habían huido al extranjero para evitar el castigo penal.

Si el sentimiento dominante en el independentismo del 2014 era la esperanza, ahora es indignación e impotencia.

DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS / JxCat, ERC y la CUP aprobaron en septiembre una resolución a favor de la «desobediencia civil e institucional» como reacción al fallo. Aunque el presidente del Parlament ya ha anunciado que convocará un pleno de respuesta, en realidad los grandes partidos independentistas no tienen previsto «poner en riesgo» el Govern o la Cámara catalana. Pero nada es ajeno al debate estratégico ni a la inminencia electoral.

Así, mientras Gabriel Rufián, líder de ERC en el Congreso, afirmaba que él no habría votado la propuesta de «desobediencia institucional» que sí apoyó su partido en el Parlament, la portavoz del Govern y dirigente de JxCat, Meritxell Budó, evitaba desmarcarse de ese texto.

Las organizaciones políticas quieren dar todo el protagonismo a la protesta cívica, pero ahí también hay grados. De momento, la única propuesta concreta es la de la ANC y Òmnium Cultural. Está previsto que en los próximos días -en principio, a partir del miércoles-, cinco columnas formadas por un nutrido grupo de personas recorran 100 kilómetros en dirección a Barcelona. Y el ambiente sigue enrarecido por el encarcelamiento de siete miembros de los CDR acusados de preparar acciones «terroristas».

En la trinchera de enfrente, la reacción del Gobierno dependerá en gran medida de la actitud de la Generalitat. Pedro Sánchez ha avisado de que, en caso de necesidad, un Ejecutivo en funciones puede aplicar el 155. En realidad, en la Moncloa no quieren llegar tan lejos. Interior ha dispuesto el envío a Cataluña de hasta 1.800 antidisturbios, dos tercios menos que el que participó en el 1-O.

Después de cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberaciones, Manuel Marchena y otros seis magistrados serán hoy el centro de todas las miradas. Ocurra lo que ocurra, está claro que, durante un periodo de tiempo indeterminado, el riesgo de incendio político es elevado.