En julio, durante el fallido debate de investidura de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián advirtió al líder socialista desde la tribuna del Congreso: «Septiembre nos complica la vida a todos». Era difícil no estar de acuerdo con esa apreciación, pero ya no hay vuelta atrás: pasó el verano y los partidos tampoco han encontrado esta semana una salida al laberinto en el que se ha convertido la gobernabilidad en España. Las generales cogen a casi todos a contrapié, y el independentismo tampoco es ajeno a la sacudida que va a provocar una convocatoria electoral que no esperaba.
El plato fuerte de este otoño llevaba muchos meses marcado en el calendario. Las instituciones catalanas y los partidos ERC y JxCat, llevan tiempo discutiendo cómo afrontar las sentencias del juicio del procés, y esperan que el dictamen del Supremo -salvo en el inverosímil caso de una absolución general- sirva al menos como acicate para unas bases cada vez más descontentas ante la desorientación de sus líderes. Ahora, las previsibles condenas compartirán protagonismo con el 10-N. Si se cumple el calendario anunciado por el fiscal Javier Zaragoza, las elecciones llegarán apenas un mes después del veredicto de Manuel Marchena.
Las sentencias marcarán sin duda la estrategia de los partidos con respecto a las generales, pero las fuentes consultadas no se atreven por ahora a concretar la intensidad de esa influencia. ERC y JxCat tienen solo unas semanas para decidir si mantienen el talante con el que han abordado los últimos meses -más beligerante en la posconvergencia, más abierto a la colaboración con las izquierdas españolas en el caso de Esquerra- en el menú programático que ofrecerán a los votantes. Las generales, además, complican aún más las previsiones sobre la legislatura catalana. Quim Torra, que la semana que viene afronta el debate de política general y el juicio por desobediencia por los lazos amarillos de la fachada de Palau, podría ser inhabilitado.
