Las Fuerzas de Seguridad consideran a Allekema Lamari, identificado como el séptimo terrorista que se suicidó el 3 de abril en Leganés (Madrid), como el "cabecilla" de la célula que cometió los atentados del 11-M. Lamari estuvo encarcelado en España por pertenecer a banda armada, pero salió de prisión en el 2002.
La Comisaría General de la Policía Científica ha determinado que los restos que quedaban por identificar en el piso de Leganés corresponden al ciudadano argelino Allekema Lamari.
EL EMIR Según fuentes de Interior, el grupo le consideraba el "emir", es decir, el jefe. Esta identificación se suma a la de Rabei Osmán Sayed, el Egipcio , detenido en Milán y considerado el cerebro que ideó el 11-M.
Lamari era un viejo conocido de la policía española. Miembro del Grupo Islámico Armado (GIA), fue arrestado en abril de 1997, dos meses después de haber fijado su residencia en Tudela (Navarra) y condenado en el 2001 a 14 años de prisión por pertenencia a banda armada. El Supremo le rebajó la pena a 9 años. En junio del 2002 salió de prisión, regresó a Tudela y desapareció. Después se le vinculó al atentado contra la Casa de España de Casablanca.
La identificación de Lamari coincidió ayer con una fructífera sesión de la comisión investigadora del 11-M en el Congreso. La trama de los explosivos fue el centro de los interrogatorios, realizados a mandos de las Fuerzas de Seguridad.
La descoordinación en el seno de la Guardia Civil impidió que se investigara a fondo la trama asturiana de explosivos que acabó abasteciendo de goma-2 a los terroristas islamistas que provocaron la masacre. Así lo pusieron ayer de manifiesto en el Congreso los mandos de la comandancia de Asturias. Explicaron que no supieron que el imputado Rafá Zuher era confidente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta después del 11-M y que sus informaciones avalaban lo que les había contado su confidente, José Ignacio Fernández Díaz, Nayo , al que no hicieron caso.
El excoronel jefe de la comandancia asturiana, Pedro Laguna Palacios, y su sucesor, el teniente coronel Fernando Aldea Juan, explicaron por qué la Guardia Civil dejó de investigar la denuncia de Nayo , realizada en febrero del 2003, de que Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras intentaban vender o intercambiar por drogas 150 kilos de dinamita.
Ambos restaron importancia a la denuncia de Nayo porque estimaron que era una venganza, ya que ese confidente culpaba a Toro y Suárez Trashorras de haberle llevado a la cárcel por implicarle en tráfico de drogas. Aldea explicó que los informadores de la Guardia Civil consideraban que Trashorras estaba "pirado".
AVISO AL FISCAL El mando de la Guardia Civil concluyó, por las vigilancias realizadas y los datos de los confidentes, que los 150 kilos de explosivos denunciados por Nayo "posiblemente no han existido nunca". Ese convencimiento hizo que la información sobre los 150 kilos de explosivos se comunicara a la fiscalía asturiana sin demasiado empeño. Según Aldea, la reunión con los fiscales para pedirles que autorizasen el pinchazo telefónico de los implicados se inició en un ascensor y acabó en una cafetería.
Aldea concluyó que, en su opinión, los 300 kilos de dinamita del 11-M fueron robados en Asturias entre enero y febrero del 2004 y no tenían que ver con los 150 de la nota de la UCO. Para él, lo que falló fue el control de los explosivos en la mina.
