El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, indicó ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero va a estudiar las posibilidades legales para "restablecer una situación de normalidad" en el Ayuntamiento de Marbella, al tiempo que señaló que la disolución del consistorio es una posibilidad recogida en la legislación, pero que ésta también establece "muchas cautelas".
Según el ministro, habrá que esperar "a ver lo que decide la jueza" para lograr recuperar, "entre todos", "una situación de normalidad y moralidad" en el consistorio marbellí. "Lo importante", añadió, es que la justicia "haga su trabajo". Subrayó que un ayuntamiento "no es fácil de disolver", ya que, dijo, "hay que tener muchas pruebas, que tendrán que salir del juicio, muchos informes de la Abogacía del Estado, y hay que fundamentar muy bien, más allá de lo que puede ser la intuición o la impresión que todo el mundo tenemos".
Por su parte, el secretario general del PP, Angel Acebes, exigió al Gobierno que adopte "decisiones inmediatas" respecto a este asunto, y aseguró que los socialistas tienen la "responsabilidad" de "disolver ya" esta corporación para elegir una nueva que "ponga honestidad donde hay corrupción". En un acto de las juventudes del PP celebrado en Madrid, Acebes calificó la trama marbellí de "bochorno de corrupción". Destacó que el PP se siente "orgulloso" de sus representantes en este ayuntamiento por ser el suyo el "único partido" que "no tiene implicados a nadie en este proceso".
DIFICULTADES El líder del PP andaluz, Javier Arenas, dijo que la disolución del Ayuntamiento "puede ser posible jurídicamente", pero admitió la "dificultad" de ese proceso, y aseguró que su partido, "en este momento", no quiere pactar nada que no sea la convocatoria de elecciones.
Diego Valderas (IU) destacó la "actuación valiente de la judicatura y la fiscalía", que, dijo, "están dando la talla democrática correspondiente para impedir esa golfería política que significa hoy Marbella".
