La Ley de Memoria Histórica aprobada ayer en el Congreso de los Diputados no exigirá la retirada de símbolos franquistas de las iglesias católicas. Una enmienda de última hora permitirá que quienes lo deseen mantengan intactas en sus muros las listas de los caídos por Dios y por España u otros emblemas.

Esta novedad fue introducida en una enmienda pactada a última hora por PSOE y CiU, que apoyaron PNV y CC. Previamente, el texto eximía del precepto de retirar los símbolos franquistas por razones "artísticas y arquitectónicas". Ayer se incorporó un tercer motivo, "razones artístico-religiosas". La enmienda fue presentada por el diputado de CiU Jordi Xuclá.

RECHAZO DE PP Y ERC La ley que ahora tramitará el Senado autoriza el mantenimiento de símbolos o escudos franquistas cuando sean recuerdos privados y no se usen para exaltar enfrentamientos. El grueso del proyecto de ley recibió el apoyo de todo el arco parlamentario, con el rechazo total de ERC y casi completo del PP, quien apoyó la despolitización del Valle de los Caídos y las ayudas a las víctimas. Al abrir el debate, la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, defendió con rotundidad la norma, "que se pone al lado de todas las víctimas". "Se lo debíamos; nos lo debíamos," puntualizó. Y para despejar algunas sombras proclamó que en el texto no hay ni una sola línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata. De su contenido destacó que ilegitima los tribunales y las condenas del franquismo. Y en un último esfuerzo retórico tendió la mano para un encuentro de "todos en torno a la esencia de esta ley." Ni PP ni ERC recogieron el guante.

Eduardo Zaplana acusó a Zapatero de imponer una memoria "única y oficial". También vapuleó al Gobierno por hacer de la guerra civil "un argumento de propaganda política". Zaplana aplaudió al PCE de los 23 escaños (1979), porque no se le ocurrió promover una norma de esta naturaleza. Santiago Carrillo desautorizaba con sonrisas esas alusiones.

El rechazo a la Ley de Memoria Histórica por parte de ERC fue tan contundente que Joan Tardà aseguró que supone "condenar a muerte por segunda vez a las víctimas del franquismo".

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, recordó que suya había sido la iniciativa de hacer del Valle de los Caídos un lugar de reconciliación.