El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha comparecido ante el hemiciclo catalán para condenar la violencia policial del 1-O y la intervención del autogobierno. Acogiéndose a un informe que recoge los últimos meses del 'procés', ha considerado que la respuesta de los cuerpos de seguridad fue "absolutamente desproporcionada" (de la misma forma ha tildado los encarcelamientos de dirigentes independentistas) y que la aplicación del 155 en Catalunya "es contraria a otros preceptos constitucionales".

Durante su discurso, ha criticado la "partidización de la justicia" y la "erosión de la separación de poderes con la ultima reforma del Tribunal Constitucional (TC)". Ahora bien, también ha dedicado palabras a las "claras irregularidades" que cometió el Govern y el Parlament con la tramitación y votación de las leyes de desconexión y el uso de datos privados para configurar el censo usado en el referéndum.

Ribó ha revelado que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se comprometió ante autoridades europeas a investigar de forma "independiente" la actuación policial del 1-O, pero ha indicado que no le costa ningún movimiento en este sentido. "¿Por qué hubo agresiones a gente absolutamente pacífica con una papeleta de voto en la mano?", se ha preguntado. También ha lanzado un dardo al rey Felipe VI y ha criticado que no apelase al diálogo en su discurso del 3 de octubre.

El Síndic ha pedido "abandonar cualquier posición de unilateralidad" y entablarse para resolver la encrucijada. "Todos los gobiernos españoles dialogaron con gente que llevaba metralletas en la mano, que asesinaban personas. ¿Y ahora no se puede dialogar sobre lo que están discutiendo?", ha enfatizado, no sin críticas al Estado, a quien ha acusado de orquestar "una operación intimidatoria para crear un relato ante un pueblo que no ha dado una sola bofetada en defensa de sus derechos y reivindicaciones políticas".

"El Síndic de la mitad"

La oposición ha cargado con dureza contra el Síndic. El primero en pasar revista a Ribó ha sido el diputado de Ciutadans, Carlos Carrizosa, quien ha iniciado su réplica señalando que el invitado "es el Síndic de la mitad de los catalanes" después de presentar un "vergonzoso informe pro gobierno y pro 'procés'". Ha enumerado los últimos trámites sacados adelante en el Parlament, como la declaración unilateral de independencia (DUI), para señalar la "vergonzosa utilización de las instituciones" por parte de los independentistas.

Le ha reprochado así que en su informe no trate el "silenciamiento de la oposición" en los plenos del 6 y 7 de septiembre, la aprobación de "leyes escondidas" o que no investigue "el uso del dinero de todos los catalanes para celebrar el referéndum". "Usted es como la ANC, como el CAC, como las 'embajadas': otro engranaje más de la rueda del 'procés'", ha zanjado. De igual forma, el diputado popular, Santi Rodríguez, ha condenado que haya presentado un "informe al servicio del independentismo".

La socialista Asumpta Escarp ha apuntado que "le duele ver cómo el Síndic justifica la ruptura de la legalidad" y ha criticado que respondiera de forma escueta a su queja por lo sucedido en los citados plenos y señalando que "los debates parlamentarios quedan fuera de su competencia".

Joan Josep Nuet, Catalunya en Comú-Podem, ha afirmado que la actuación policial durante el 1-O es una "página negra que no puede quedar impune", aunque ha pedido a los independentistas que sean "conscientes de las limitaciones" que tenía la consulta por el camino de la unilateralidad.

JxCat, ERC y CUP han defendido la "legitimidad" de los resultados y han considerado que la actuación policial fue un "castigo colectivo" por "la vergüenza de un Estado represor".