El programa Sitel solo permite grabar teléfonos autorizados por un juez y requiere la participación de la operadora telefónica a la que pertenece el número intervenido. Sino, es técnicamente imposible pinchar.
La policía necesita una orden judicial que autorice a la operadora intervenir un teléfono. En su escrito al juzgado, el investigador debe motivar por qué necesita intervenir ese teléfono. Y solicita todos los datos que se deriven de esa comunicación. El juzgado recibe la petición y autoriza la intervención. Y limita un tiempo determinado de escuchas. Después, la policía envía la autorización judicial a la operadora del teléfono.
La operadora recibe la autorización judicial y realiza una simple desviación de la llamada. Sería como una llamada a tres bandas. La operadora deriva una nueva línea que conecta con el macroservidor informático de cada cuerpo. A partir de ese momento ese servidor almacena toda la información que aporta esa llamada. No solo las conversaciones, también los SMS, las posibles conexiones a internet de ese teléfono, los números de teléfonos de todos los interlocutores, la identidad a cuyo nombre están los teléfonos que intervienen durante la grabación, y la posición geográfica del móvil. El servidor lo graba todo, después hay unos agentes que están acreditados judicialmente para acceder a esa grabación concreta.
