El 9-N no habrá decidido nada, pero después del 9-N nada podrá ser igual. Una movilización como la de ayer, en la que 2.250.000 catalanes desafiaron al Estado (y al mal tiempo) con una papeleta en la mano, constituye un acto de afirmación política bastante más serio que esa ridícula anécdota a la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso rebajarla el sábado al referirse a ella como «lo de mañana». La Cataluña que quiere ser consultada -con todas las garantías- sobre su futuro sigue en pie y en marcha. Y exige algún tipo de respuesta. La estrategia gubernamental del quietismo se ha revelado estéril, lo mismo que la de la prohibición y que la del desprecio. Con estas recetas, el suflé no baja.

Y sin embargo, el Ejecutivo del PP sigue empeñado en creer (o en hacer creer) que el problema no es político, sino jurídico. Así se desprende del hecho de que el representante elegido para fijar la posición del Gobierno no fuera otro que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se limitó a calificar lo acontecido ayer de «acto de propaganda sin validez democrática». Sin más.

Por el contrario, Artur Mas no dudó en arrogarse todo el protagonismo al comparecer para hacer la primera valoración del Govern tras el cierre de los centros de votación. Calificó la movilización de «éxito total», pidió apoyo internacional para forzar a Rajoy a negociar la celebración de «un referéndum legal y vinculante», destacó la «simbiosis perfecta entre instituciones, tejido asociativo y personas» y amagó con situarse ya en un escenario de elecciones plebiscitarias al lanzar un mensaje inequívoco al líder de ERC, Oriol Junqueras: «Cuando vamos juntos avanzamos más y mejor». Primer acto de una campaña en la que el president parte indiscutiblemente reforzado. Si es que accede a convocar los comicios.

PORCENTAJE INSOSLAYABLE

Las cifras. Participaron 2.250.000 personas, lo que supone algo más que la suma de los votos que los partidos del frente proconsulta obtuvieron en las últimas elecciones al Parlament y representa casi un 36% sobre un censo estimado de 6,3 millones. Sería un porcentaje bajo si esto fuera una convocatoria electoral ordinaria. Es un registro estratosférico para una 'costellada' («de 'costellada' en 'costellada' hasta la victoria final» es el nuevo lema del independentismo 'enragé', a partir de una expresión acuñada por el periodista y activista Antonio Baños). Y es una cifra insoslayable en una seudoconsulta alegal sin campaña ni censo ni voto por correo y que el Gobierno central y varios partidos catalanes habían llamado a boicotear.

El escrutinio aportó pocas sorpresas y, como era previsible, la mayoría del sí-sí fue abrumadora. La 'consellera' de Governació, Joana Ortega -el Govern se implicó absolutamente en la comunicación de los datos-, dio las cifras pasada la medianoche con solo el 88,4% de las mesas escrutadas. De las papeletas contabilizadas a esa hora, el 80,72% habían escogido la opción del sí-sí, el 10,11% optaban por el sí-no y el 4,55% se inclinaban por el no.