Dicho y hecho. Tan solo dos días después del acuerdo entre PSOE y PP en el debate del estado de la nación, ayer se certificó la limitación de la llamada justicia universal de la forma más rápida posible: con una enmienda a la ley de la oficina judicial que está en tramitación y que se aprobará antes de finalizar el año.
Según este documento, los jueces españoles solo podrán abrir causas referidas a otros países cuando "quede acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España". Así consta textualmente en la enmienda pactada ayer entre los dos grandes partidos, junto a la mayoría de fuerzas parlamentarias, a la ley orgánica del poder judicial. El portavoz de Justicia del grupo del PP en el Congreso, el exministro Federico Trillo, aseguró en una nota que aún no se ha cerrado el acuerdo a la espera de ajustarlo el lunes, aunque fuentes conocedoras de la negociación afirman que el pacto es firme.
En la rapidez del acuerdo entre PSOE y PP ha influido, sin duda, la voluntad de la diplomacia gubernamental española de poner límite a los conflictos políticos que le han generado causas abiertas por la Audiencia Nacional en relación a países como Israel, China o Estados Unidos.
VOCES ENFRENTADAS En el otro lado de la balanza se sitúan los jueces de la Audiencia Nacional que han emprendido causas relacionadas con estos países. El sentir de estos magistrados es que el pacto político supone un evidente retroceso en la defensa de los Derechos Humanos frente a delitos contra los que no es posible establecer cortapisas nacionales. Amnistía Internacional ha calificado de "bochornoso e inmoral" el acuerdo. En cambio, el presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, mostró su beneplácito con la limitación.
