Salvo que medie un milagro, las autonomías se irán de vacaciones sin haber cerrado el nuevo sistema de financiación autonómica que, teóricamente, debería entrar en vigor en el 2009. La oferta inicial --todavía muy inconcreta-- que ultima el vicepresidente económico, Pedro Solbes, parte de la premisa, según fuentes oficiales, de que, ante la gravedad de la crisis, el nuevo modelo deberá tener "coste cero" para el Estado, que a duras penas podrá sufragar el gasto social sin incurrir en déficit.

El número dos de Solbes, Carlos Ocaña, y el secretario general de Financiación Autonómica, Juan Manuel López Carbajo, concluyeron la pasada semana con el Gobierno valenciano la primera ronda de contactos con las 15 comunidades concernidas. Seguras de que al final habrá consenso, fuentes de Economía han detectado más de diez puntos de acuerdo entre el Ejecutivo central y los autonómicos.

SIN CUANTIFICACION El documento que el Ministerio de Economía tiene previsto entregar en breve a los consejeros autonómicos se limita a compilar los aspectos de la reforma que no suscitan grandes recelos --cesión del 50% del IRPF y del IVA junto al 58% de los impuestos especiales, mayor capacidad normativa, espacios fiscales propios...--, pero deja en el aire los elementos más conflictivos: los límites a la solidaridad, los criterios de reparto de los recursos financieros y, sobre todo, la cuantificación del dinero que el Estado deberá inyectar en el sistema desde el 2009 para que las autonomías sufraguen los servicios que prestan.

Solbes no tiene la menor intención de desvelar esa cifra, clave para la consecución de un acuerdo, hasta otoño, cuando las conversaciones estén lo bastante maduras para que Gobierno y autonomías pacten el modelo definitivo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pero su equipo sí deja claro que, con el sistema en vigor, los ingresos autonómicos ya han aumentado cada año por encima del 10%. Por lo que, al no quedar competencias relevantes por transferir, Hacienda aduce que no será necesaria una aportación adicional del Estado. Al menos, no significativa.

El incremento de la participación autonómica en el IRPF, el IVA y los impuestos especiales se verá compensado, según fuentes gubernamentales, por una sensible reducción de las transferencias económicas que el Estado otorga anualmente a las administraciones autonómicas. Aunque la actualización del censo pueda beneficiar en mayor medida a los territorios que en los últimos años han acogido a más inmigrantes, los recursos que en el 2009 gestionarán las autonomías en su conjunto crecerán en una tasa similar a la de los últimos años: el citado 10%. Si bien, al no estar lista la liquidación ni del ejercicio del 2007 ni la del actual, será difícil aclarar cuál será el incremento anual.

ADIOS A LA AYUDA SANITARIA Lo que está claro es que ni el vigente fondo de suficiencia, ni el nuevo instrumento en estudio para garantizar la convergencia regional, recibirán "una aportación adicional de recursos del Estado", según ha avanzado Ocaña. Además, la reforma absorberá la ayuda anual de 1.700 millones de euros que el Estado concede desde el 2006 a las comunidades para cubrir el déficit sanitario. Concebido como un pago transitorio hasta que se revisara la financiación, este anticipo estrecha el margen para dotar de más fondos a las autonomías.

Y, para complicar un poco más la negociación, el Ejecutivo ha cedido a las demandas de la Federación Española de Municipios y ha aceptado entablar negociaciones simultáneas para la mejora de las financiaciones local y autonómica. Aunque todavía no lo ha fijado como un requisito para el acuerdo, el Gobierno quiere que las comunidades sufraguen parte de los 7.000 millones que exigen los ayuntamientos para costear lo que consideran "competencias impropias": servicios que prestan sin tener la competencia para ello.

Las autonomías deberán decidir en otoño si aceptan la oferta del Ejecutivo, por exigua que esta sea, o si elaboran unos presupuestos aún más restrictivos a causa de la fuerte caída de los ingresos tributarios. La asfixia autonómica juega a favor de los intereses de Hacienda.