El Gobierno mostró ayer dos caras muy distintas a la hora de fijar el estado de las negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica. Con nuevas medidas sobre la mesa para atajar el aumento mayúsculo de desempleados, y con los problemas de las pequeñas y medianas empresas, el Ejecutivo tiene cada vez menos tiempo para cumplir su compromiso sobre la financiación. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, insistió ayer en que no puede fijar una fecha para llegar al acuerdo, porque no depende solo del Gobierno, mientras que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tomaba la palabra para dejar claro su "optimismo" y señalar que se alcanzará antes de final de año, tal y como exige la Generalitat catalana.

PUERTA ABIERTA Solbes dejó una pequeña puerta abierta, al reiterar que Economía ofrecerá una segunda propuesta a las comunidades a finales de este mes con "un diseño bastante claro y razonable de cuál puede ser el acuerdo posible". Será un documento que no aportará cifras, pero que debería ser, para el equipo de Solbes, el que acelere la negociación final. Sobre ello, el vicepresidente indicó que para que haya acuerdo "se necesita la voluntad de todos, no de dos, sino de 18", en alusión a todas las autonomías y al Gobierno, aunque dos de ellas --Euskadi y Navarra-- no se rigen por el régimen común de financiación.

De la Vega se ciñó al compromiso que ha adquirido el Gobierno y aseguró que, aunque la negociación es compleja, las conversaciones "son fluidas" y "seguro que se perfilará el mejor acuerdo, que será beneficioso para todas las autonomías". De la Vega también hizo un llamamiento a la "tranquilidad y la paciencia" para una cuestión compleja que, según recordó, "requiere su tiempo.

COMPROMISO CON CATALUÑA El pasado miércoles, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, mantuvieron una reunión en la que renovaron el compromiso para que el acuerdo de financiación coincida con la votación de los presupuestos generales del Estado para el 2009, o, al menos, se establezca en ese momento un acuerdo político que se pueda desarrollar en los primeros meses del 2009. Sin embargo, parece ser que el equipo del vicepresidente económico no entiende que deban acelerarse las negociaciones y prefieren que los acuerdos lleguen a su debido tiempo.