El Tribunal Supremo difundió ayer la sentencia que, además de ilegalizar a Batasuna, abre la puerta al cierre de su grupo parlamentario en la Cámara vasca, Sozialista Abertzaleak. Anuncia el Supremo que los efectos de la ilegalización se proyectarán sobre todas las "formaciones políticas" que intenten continuar la labor de Batasuna o que, "de cualquier otro modo, pudieran servir igualmente de complemento político" a ETA. El Gobierno exigió ayer la disolución del grupo de Batasuna en el Parlamento vasco, iniciativa rechazada por los nacionalistas vascos.
"CESE DE ACTIVIDADES"
El Tribunal Supremo establece en la sentencia que la formación aberzale "deberá cesar de inmediato en todas las actividades que realice". La disolución o no del grupo Sozialista Abertzaleak deberá dilucidarse en el trámite de la ejecución de la sentencia, cuyo inicio solicitarán la próxima semana la Abogacía del Estado y la Fiscalía General.
El tribunal tampoco desvela el futuro de los parlamentarios electos en las listas de Batasuna. Aunque indica que "serán ineficaces" sus vínculos de "pertenencia o representación de los partidos disueltos", zanja el asunto con una críptica afirmación: "Todo ello con plena independencia de que el estatuto singular de los miembros de ese partido siga la suerte prevista para ellos en las normas jurídicas aplicables".
Antes de que el Supremo difundiera la sentencia, el titular de Justicia, José María Michavila, elevó al Consejo de Ministros un informe sobre sus efectos jurídicos y políticos. Michavila no alberga dudas: el "cese de las actividades" de Batasuna dictado por el Supremo debe acarrear la disolución de su grupo parlamentario. Así lo pedirán la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, para dar cumplimiento a lo que el ministro definió como "el golpe más fuerte" que la justicia ha infligido a ETA. El Ejecutivo también velará por que Batasuna no concurra a las elecciones locales de mayo mediante listas auspiciadas por la plataforma Autodeterminaziorako Bilgunea (AuB).
Más contundente fue el vicepresidente Mariano Rajoy. "La pertenencia de Batasuna al entramado de ETA ha dejado de ser una convicción moral y es ya una realidad jurídica", sentenció el ministro Rajoy, quien alertó al Gobierno vasco de que debe cumplir el fallo "sin subterfugios ni maniobras dilatorias", y sin extender "mantos protectores" sobre el partido proscrito.
LAS REACCIONES
Pero los socios del Ejecutivo vasco --PNV, EA e IU/EB-- se opusieron ayer a la disolución de Sozialista Abertzaleak. Joseba Egibar (PNV) precisó que el Supremo "no habla de los grupos parlamentarios" porque sabe que no puede injerirse en el funcionamiento del Parlamento vasco. Rafael Larreina (EA) dijo que la justicia "no puede decir cómo se organiza el Parlamento", y Antton Karrera (IU-EB) suscribió estas tesis.
El portavoz de Socialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, definió la ilegalización de Batasuna como una "declaración de guerra del aznarismo ". Otegi advirtió de que el objetivo del presidente Aznar es el "conjunto de Euskal Herria y sus señas de identidad".
