Un galimatías judicial. El Tribunal Supremo decidió ayer admitir a trámite las demandas presentadas por el fiscal y el Gobierno contra el 45% de las candidaturas de ANV. La Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado insistieron ante el alto tribunal en que no podían reclamar la ilegalización del partido, pero sí la nulidad de las listas que habrían sido utilizadas por Batasuna.
Los magistrados del alto tribunal decidieron, en la tarde del jueves, pedir aclaraciones al fiscal y al Gobierno sobre la forma en la que querían que se resolvieran sus demandas. El caso de ANV no tiene precedentes en la doctrina judicial.
Hasta ahora, desde su ilegalización en el 2003, Batasuna había recurrido a las agrupaciones electorales para presentarse a los comicios. Sin embargo, ahora habría "infiltrado", según la fiscalía y la abogacía, listas en ANV --un partido legalizado en 1977-- para estar presente en las elecciones del día 27.
En sus escritos de aclaración, el ministerio público y el Gobierno reiteran que no pueden solicitar la ilegalización de ese partido porque deben garantizar el ejercicio de derechos fundamentales "de vigorosa significación en un Estado de derecho como son los de participación política", según la Abogacía.
EL CAUCE ADECUADO Los servicios jurídicos del Estado también explican a los jueces que, con su demanda, intentan "combatir el fraude de ley" que se produciría si se permite "acceder al proceso electoral a candidaturas de un partido legal que son sucesión o continuación de un partido ilegalizado". Por ello, defienden que la ley de partidos es el cauce adecuado para impugnar esas listas "sin cuestionar la propia legalidad" de ANV.
Además, el fiscal y el Gobierno piden al Supremo que actúe porque, en caso contrario, "nos hallaríamos ante un ineficaz resultado", ya que se le estaría "diciendo a cualquier partido ilegal que basta con que instrumentalice parcialmente a un partido legal ... para tener garantizada su participación política".
Asimismo, la Abogacía del Estado sostiene que si el Supremo no interviene contra esas listas "se dejaría en cierta medida inermes a los partidos políticos instrumentalizados que solo podrían reaccionar mediante la disolución voluntaria o, en su caso, ser sancionados con una medida desproporcionada de disolución judicial".
LA DECISION Los magistrados dieron por buenas las aclaraciones y tras debatir, a petición de algunos jueces, si era conveniente iniciar un proceso de ilegalización de ANV, acordaron tramitar las demandas por el mismo cauce y con los mismos plazos que las presentadas contra agrupaciones de Abertzale Sozialistak.
Los jueces de la sala especial comenzaron a estudiar los argumentos de las demandas al filo de las ocho de la tarde de ayer. Dos horas antes, la abogada aberzale Jone Goirizelaia presentó las alegaciones de las casi 250 agrupaciones impugnadas.
LA DENUNCIA La abogada acusó, a las puertas del alto tribunal, al Gobierno y al PSOE de llevar a cabo "una persecución de personas y de ideas" al haber actuado en contra de la participación política de la izquierda aberzale. También tildó la demandas del fiscal y de la Abogacía de "antijurídicas y antidemocráticas". Goirizelaia cargó contra el PNV porque, a su juicio, el PSOE "nunca se hubiera atrevido a hacer algo así" sin la anuencia de ese partido.
ANV también presentó sus alegaciones en un único escrito. El Tribunal Supremo tiene que resolver esas demandas antes de la medianoche de hoy.
