El Tribunal Supremo rebatió ayer que durante el tiempo que la policía ha tardado en recabar todas las pruebas de que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) es una fuerza instrumentalizada por la ilegalizada Batasuna el Gobierno haya tolerado esta situación. En el auto por el que da a conocer por qué no suspendió al partido pero sí le cortó el grifo de las ayudas, la Sala Especial del 61 asegura que "el tiempo requerido al Estado para acreditar adecuadamente las situaciones de hecho no es en modo alguno un consentimiento de tales situaciones".

Los 16 jueces refutan así uno de los argumentos utilizados por la defensa de la fuerza vasca. Sus abogados rechazaron la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de suspender las actividades del partido hasta que se tramite la ilegalización, con el razonamiento de que "la situación que se pretende evitar", esto es, que Batasuna siga utilizando a EHAK como altavoz político, "habría sido consentida durante largo tiempo" por el Ejecutivo.

Desde que Batasuna pidió el voto para EHAK en las elecciones vascas del 2005, el PP, sus medios y asociaciones afines han repetido una y otra vez que había pruebas suficientes para solicitar la ilegalización del partido, pero que si el Gobierno no lo había hecho antes era como contrapartida en el proceso de paz.

Sin embargo, los 16 magistrados que integran la Sala del 61 parecen ponerse del lado del Ejecutivo. Es más, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó ayer que el Supremo dio "la razón al Gobierno" a través del auto por el que el pasado sábado impidió presentarse a las elecciones a ANV. En aquella resolución, los jueces señalaban que la colaboración de Batasuna con ANV "se detectó" en mayo del 2005 y podía "intuirse" desde antes. Para el ministro, una "intuición no es una prueba" y, por tanto, esa reflexión apoya la actuación del Ejecutivo.

LA PERSECUCION POLICIAL La sala añade en el auto de ayer como pruebas de "la actividad del Estado en la persecución policial" de EHAK tanto el sumario abierto en la Audiencia Nacional como un informe policial del 22 de enero. De esta forma, concluye que "los documentos obrantes en la causa demuestran claramente lo contrario" a lo argumentado por la fuerza vasca.

Además, los jueces justifican la decisión de no suspender cautelarmente sus actividades --medida ya acordada por Baltasar Garzón por la vía penal-- con el argumento de que el "pluralismo político" fijado en el artículo 1 de la Constitución debe prevalecer sobre "otros intereses". En su opinión, "no sería ni proporcional ni adecuado" impedir la realización del precepto constitucional, cuando además el proceso de ilegalización que podría conllevar la disolución total del supuesto sucesor de Batasuna se resolverá en pocos meses. Es previsible que el Supremo dé luz verde a esta resolución, teniendo en cuenta que los jueces juzgaron ayer de "especial intensidad" los indicios de la relación de EHAK con Batasuna.