La sala especial del 61 del Tribunal Supremo acordó ayer aplazar los últimos flecos de la sentencia de ilegalización de Batasuna hasta pasadas las elecciones de mayo. Así lo acordó en una reunión que analizó la liquidación de bienes de la fuerza ilegalizada.
Los 16 magistrados recibieron un informe muy detallado sobre la situación de las herriko tabernas (locales de ocio de Batasuna) que todavía no han podido estudiar. En el dictamen se informa de la titularidad de cada sede y de los bienes inventariados, así como de la intervención judicial de que han sido objeto.
Los jueces también acordaron que el Parlamento vasco incluya en su presupuesto los 639.000 euros que había ido meritando Batasuna, en concepto de subvenciones, por haber logrado siete escaños en 1999. Sin embargo, ese dinero no podrá ser destinado al partido aberzale ni a ninguno de sus parlamentarios.
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, ha ordenado a la policía que investigue a las personas que están detrás del partido ANV (Acción Nacionalista Vasca), ya que algunos de sus miembros fueron acusados, hace años, de colaboración con ETA.
