Cuando el Tribunal Supremo dio su beneplácito a la principal promesa del Gobierno de Pedro Sánchez: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, parecía que el traslado de restos sería inminente. Y lo será, pero tras resolver ciertos flecos pendientes, como levantar la suspensión cautelar del traslado acordado por el alto tribunal en junio y que aún sigue en vigor en los tres recursos que no ha resuelto.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso se volverá a reunir la próxima semana para cumplir este trámite en los recursos interpuestos por la Comunidad Benedictina del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la Asociación de Amigos del Valle de los Caídos, conforme le ha pedido la Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo socialista.
Los Servicios Jurídicos del Estado actuaron al cerciorarse de que la suspensión cautelar de la exhumación se había producido en los cuatro recursos que se presentaron y no solo en el de la familia, que es el único que de momento ha sido resuelto, marcando el futuro del resto. Los nietos del dictador han intentado retrasar lo ya inevitable con una aclaración de la sentencia en la que se da vía libre al traslado del dictador al cementerio de Mingorrubio, en el madrileño distrito de El Pardo. Fuentes jurídicas señalan que esta diligencia no retrasará el traslado, porque no afecta a su ejecución.
La Abogacía del Estado también ha pedido una certificación de esa resolución para instar al juez de lo Contencioso número 3 de Madrid, José Yusty, a archivar el procedimiento en el que revisa el informe favorable a la exhumación del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio al que pertenece la basílica de Cuelgamuros.
El juez tiene poco margen después de que el alto tribunal señalara que en ningún momento se infringe la legalidad urbanística porque el traslado de los restos no supone una obra mayor, según el proyecto de Patrimonio Nacional, y que no se necesita licencia municipal, al ser acuerdo del Consejo de Ministros.
