Un día antes de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúna para estudiar las alegaciones presentadas por Baltasar Garzón contra su suspensión, el juez conservador del Tribunal Supremo Manuel Marchena movió ficha y comunicó que le había llamado a declarar como imputado el próximo 15 de abril en la querella que tramita por los cobros de Nueva York, y cuyo pago se atribuye al Banco de Santander.

Marchena se olvidó de notificar su decisión al imputado, que se enteró por los periodistas de su citación. El juez citó como testigos a dos de las coordinadoras de los cursos que organizó Garzón en la Universidad de Nueva York (NYU) entre marzo del 2005 y junio del 2006 durante una licencia de estudios, Laura Turégano y Mar Bernabé, y al exdirector de este centro universitario, James D. Fernández. Con esta decisión, el magistrado del alto tribunal atiende la petición de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea y deja sin respuesta las propuestas del juez, que en este proceso está representado por Enrique Molina, exfiscal de la Audiencia.

Molina pidió a Marchena que acumulara en esta querella la instrucción del juez Luciano Varela cuando investigó si era legal que Garzón cobrara un sueldo durante su licencia de estudios en la NYU. El alto tribunal concluyó que Garzón no había cometido ningún delito, pero pidió al CGPJ que examinara si incurrió en una falta administrativa. El poder judicial decidió archivar el expediente.

CARTA DE AGRADECIMIENTO Ahora, el alto tribunal investiga si Garzón pidió al Banco de Santander que financiara dos cursos que dirigió en esta universidad. La sospecha se apoya en una carta de agradecimiento que envió el juez de la Audiencia a Emilio Botín en la que se dirigía a él como "querido amigo", en lugar de "estimado presidente". A los jueces del alto tribunal, este tratamiento les hace pensar que existía una relación de amistad entre ambos y que Botín financió a Garzón para favorecer su "prestigio" a cambio de que el juez archivara meses después, una querella contra el banquero presentada por Rafael Pérez Escolar, uno de los condenados en el caso Banesto.

El Banco Santander y la NYU han aportado sendos escritos en los que rechazan esta versión. El director de la asesoría jurídica de la entidad financiera, Jaime Pérez Renovales, explica que el banco facilitó 327.000 dólares a la universidad para patrocinar un curso sobre derechos humanos y seguridad jurídica en Iberoamérica y otro llamado Diálogos transatlánticos.

Durante estos cursos se impartieron 17 clases en las que intervinieron más de 50 invitados de 12 países como Henry Kissinger, Felipe González, la entonces eurodiputada Rosa Díez, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos. Todos los diálogos los moderó Garzón.

La universidad ha facilitado al Supremo un anexo detallado de los gastos de estos cursos. La partida más importante fue la dedicada a los coordinadores de los cursos (56.100 dólares), seguida de la de hoteles y alojamiento (43.407), viajes (29.723) y comidas (28.520). Solo siete de los participantes cobraron un sueldo.

RECUSACIONES El pleno del Poder Judicial tiene previsto hoy examinar la petición de Garzón de recusar a los vocales Fernando de Rosa, Margarita Robles y Gemma Gallego. Los dos primeros han aceptado apartarse de este debate.

El CGPJ no preveía abordar aún la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, pero la citación de Marchena puede precipitar los acontecimientos.