Mientras el juez Pablo Llarena perfila la respuesta que le dará a Alemania en relación con la entrega del expresidente Carles Puigdemont, una vez que ya dispone de la traducción oficial de la resolución, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por medio de un auto de una sola página habilitar el mes de agosto para conseguir "dotar" a la causa contra los líderes independentistas "la máxima celeridad".
El tribunal que juzgará a los procesados por rebelión, malversación o desobediencia, al que se incorporarán los magistrados Andrés Palomo y Ana Ferrer, para ser siete, justifica la medida, con la que ya se contaba para poder celebrar el juicio a final de año o a más tardar en enero, en que hay nueve presos.
De esta forma, se podrán interponer recursos o presentar escritos durante un mes en el que tradicionalmente los juzgados ralentizan en gran medida su actividad.
Precisamente, la Sala ha dado este miércoles traslado a las partes para que en dos días se pronuncien sobre la nueva petición de libertad que han presentado todos ellos, una vez consumado su traslado a cárceles catalanas. De esta forma, contará con el parecer de fiscalía, la acusación que ejerce Vox y la abogacía del Estado antes de resolver la solicitud.
Además, los huidos a Bélgida Toni Comín y Meritxell Serret ya han recurrido en reforma el auto del juez Pablo Llarena que les procesó en marzo. Debido a una azarosa personación en el procedimiento, el magistrado les concedió un nuevo plazo para poder impugnar la resolución en la que fija los delitos por los que propone juzgarlos. Eso permitió que Comín no fuera suspendido de funciones, junto con los otros seis diputados, cuando adquirió firmeza el auto de procesamiento por rebelión.
