Un laberinto sin salida. La sala especial del 61 del Tribunal Supremo ha tardado más de un año en darse cuenta de que no puede embargar las herriko tabernas (locales de ocio de Batasuna) hasta que se pruebe su vinculación con la fuerza ilegalizada. La ley impide adoptar esta medida si no se acredita que los titulares de los locales son de Batasuna. Hasta ahora, el tribunal ha constatado que los dueños de las herriko tabernas son particulares.

El alto tribunal decidió ayer, por unanimidad, que no puede embargar, de momento, los locales. Los interventores judiciales han llevado a cabo un inventario desde octubre del 2006. Sin embargo, no han podido acreditar que los dueños de los locales estén vinculados a Batasuna. Por ello, el Supremo no puede proceder a la venta de los locales en la sentencia de ejecución de ilegalización de este partido.

Por este motivo, los jueces han pedido al fiscal y al abogado del Estado que acrediten los vínculos entre los locales de ocio y la fuerza ilegalizada antes de adoptar una medida que está prohibida por la ley hipotecaria. El artículo 38 de esta norma impide que se embarguen bienes si previamente no se ha anulado la titularidad de los dueños. Una decisión que debe ser acordada por la autoridad competente.

EL ACUERDO Fuentes del alto tribunal han explicado que la decisión ha contado con el apoyo del presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando; de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal, y de los magistrados más modernos y más antiguos de estas salas porque "no había otra salida". "El tema es muy complicado y hay que aplicar la ley", añadieron. Además, afirmaron que los magistrados no pueden tomar una decisión de este tipo "por suposiciones". "Hay que probar las cosas", remacharon.

Además, estas fuentes explicaron que los jueces tuvieron en cuenta que las herriko tabernas están embargadas por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Por ello, los bienes de los locales de ocio no se pueden vender ni traspasar sin autorización judicial.

Este proceso se inició en octubre del 2006, cuando el Tribunal Supremo ordenó registrar los locales. Después, pidió un informe al fiscal y al abogado del Estado, que se opusieron al embargo de las herriko tabernas porque no se había acreditado fehacientemente que pertenecieran "realmente" a Batasuna. La sala especial inició este trámite tras recibir un informe pericial en el que se afirmaba que los locales "pertenecen y forman parte activa" de ETA, "no solo desde la perspectiva política como dinamizadora" de la organización terrorista.

Unas afirmaciones que no han sido probadas en este proceso, que busca destinar el dinero de Batasuna a actividades de interés social. Garzón sí ha acreditado estos extremos en el sumario que instruye contra Batasuna.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró que el servicio jurídico del Estado estudiará "a fondo" el fallo para decidir si recurre o no.