Sin fisuras. El Tribunal Supremo ilegalizó ayer a Acción Nacionalista Vasca (ANV) por legitimar a ETA. La medida implica la liquidación y disposición de sus bienes, que pasarán al Estado. No obstante, los concejales del partido disuelto mantendrán sus cargos y salarios, pero tendrán que pasar al Grupo Mixto o actuar como independientes en sus respectivos ayuntamientos.

Francisco José Hernando, que vive sus últimos días como presidente del alto tribunal, adelantó ayer el fallo y explicó que la decisión se había adoptado por unanimidad, sin votos particulares. En los próximos días se conocerán los argumentos jurídicos de la segunda sentencia de ilegalización que se dicta contra una fuerza desde que se aprobó la ley de partidos políticos en el 2002. La primera fue contra Batasuna.

Fuentes judiciales explicaron ayer que en la sentencia de ilegalización de ANV se afirma que este partido ha mantenido una colaboración económica y política con ETA. La medida implica que no podrá actuar bajo estas siglas y dejará de percibir ayudas o subvenciones. Pero alcaldes y concejales no están obligados a cesar, ya que el acta de edil es irrenunciable. Por tanto, seguirán cobrando el salario, pero perderán el resto de privilegios.

LAS PRUEBAS Los magistrados han tomado esta medida tras analizar las pruebas presentadas por el fiscal y el abogado del Estado en sus demandas y tras la vista que se celebró en el alto tribunal el pasado junio. También han asumido las alegaciones presentadas por el ministerio público y los servicios jurídicos del Estado el pasado mes de agosto. El fiscal acusó entonces a ANV de haber mantenido una "inicial ambigüedad calculada" en relación a ETA, aunque luego desarrolló "una estrategia global de colaboración" que se plasmó en una "total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia".

Asimismo, le recriminó haber prestado "cobertura política" a Batasuna al participar en "homenajes en acciones terroristas", como las manifestaciones de afecto a la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, y a Igor Portu y Mattin Sarasola, imputados por el atentado en la T-4.

LAS POSICIONES También criticó la decisión de ANV de crear "comisiones municipales de represaliados" y que hubiera imitado la simbología de Batasuna en los carteles y eslóganes. Asimismo, subrayó la coincidencia de posición entre la fuerza ilegal y ANV sobre el trazado del AVE vasco. Igualmente, la fiscalía puso de manifiesto la existencia de una caja común desde la que se llevaba la contabilidad de la ilegalizada Batasuna, ANV y EHAK.

Hoy los magistrados comienzan a deliberar sobre la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), que previsiblemente seguirá el camino de ANV. Fiscal y abogado del Estado reclaman la ilegalización como sucesores de ETA.

ANV es un partido que fue fundado hace 70 años. Sin embargo, estuvo dormido hasta que reapareció en mayo del 2007 para concurrir a las municipales cuando ETA mantenía la tregua de marzo del 2006. El Supremo anuló 133 de las candidaturas en mayo, pero no ilegalizó porque no se lo reclamó ni la fiscalía ni la Abogacía del Estado.

Pero después de que ETA volviera a las armas en junio del 2007, el Supremo les impidió concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo. El juez Baltasar Garzón también suspendió sus actividades por un delito de integración en ETA, el pasado febrero, durante tres años.

Los dos grandes partidos, PSOE y PP, y las asociaciones de víctimas del terrorismo expresaron su satisfacción por la ilegalización de ANV. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que la sentencia pone de manifiesto que "quien no acata la ley se sitúa fuera de la ley". Las fuerzas nacionalistas vascas la tildaron de medida "política e ineficaz".

Zapatero aseguró que el Supremo ha estimado por unanimidad las demandas interpuestas por el Gobierno y por la fiscalía. En su opinión, se ha demostrado "en una nueva ocasión la superioridad del Estado de derecho". El PP aplaudió el fallo judicial, aunque con matices. Su presidente, Mariano Rajoy, subrayó que su satisfacción sería hoy "completa" si la formación aberzale no hubiera accedido "nunca" a las instituciones.

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, acusó a los sucesivos gobiernos centrales de utilizar de forma "espuria" y con fines electorales la ley de partidos y auguró que el fallo "no va a traer la paz ni va ayudar a conseguir los acuerdos políticos". De forma parecida, aunque con matices, se expresaron los portavoces del PNV, EA, EB, Aralar, CiU y Esquerra Republicana.