La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo aprobó ayer un nuevo sistema de sustitución de jueces para evitar que la paralización de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial tenga repercusión en la composición de sus cinco salas. La propuesta partió del presidente de la Segunda, Manuel Marchena, que es la más afectada al haberse jubilado tres de sus magistrados y no haberse cubierto la vacante.
Además, cuando fue reelegido para presidir la Sala de lo Penal, Marchena advirtió a los miembros de la comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le examinaba, de los problemas que podría plantear un hipotético juicio del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, si decidía ponerse a disposición de la justicia española.
Aunque entonces la opción que contaba con más posibilidades era completar la Sala Segunda con magistrados de lo Militar (al ser los más cercanos a la jurisidicción penal), el acuerdo alcanzado por la Sala de Gobierno será acudir al magistrado más antiguo de las otras cuatro Salas y concluido ese ciclo, a continuación se iniciará otro con los más modernos, de tal forma que la inclusión en la jurisdicción necesitada se haga por estricto y riguroso turno.
Las fuentes jurídicas consultadas destacan que todavía no ha habido problemas y que el sistema de sustituciones está previsto en todas las Salas para cubrir vacantes o ante recusaciones. Aunque a la de lo Penal es a la que más ha afectado la paralización de los nombramientos por parte del Consejo para dar tiempo a las fuerzas parlamentarias a proceder a su renovación.
Esa suspensión, aunque anunciada solo por un tiempo prudencial, ha supuesto que no se hayan cubierto las bajas por jubilación de Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde. Ello supone que de los 15 magistrados, contando al presidente, que prevé la ley de demarcación y planta para la Sala Segunda, solo cuente con 12.
