Hasta que una resolución judicial no se firma por todos los magistrados de un tribunal es como si no existiera, porque puede cambiarse hasta el último momento. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y los seis magistrados que juzgaron junto a él el procés tienen previsto terminar de leer, repasar y pulir este fin de semana la sentencia que determinará qué ocurrió penalmente en Cataluña en el otoño de 2017. Su objetivo es rubricarla el lunes y hacerla pública a continuación, tras notificársela a las partes. Las fuentes del alto tribunal consultadas por este diario aún no descartan que alguna complicación de última hora haga materialmente imposible cumplir esa previsión y tener que retrasar su entrega a las partes al martes, día 15, pese a que no querían coincidir con el aniversario del fusilamiento del que fue presidente de la Generalitat durante la II República y la Guerra Civil, Lluís Companys.

Pero ¿qué puede retrasar la sentencia? Que algún magistrado decida a última hora dejar constancia escrita de su discrepancia con algún aspecto de la resolución a través de un voto particular. Según las fuentes consultadas, hasta este viernes ninguno había anunciado que pensara hacer uso de este recurso, pero puede plantearlo al firmar. Si así ocurriera, habría que retrasar la notificación de la resolución hasta que el voto estuviera redactado, para lo que no hay plazo.

El que alguno de los siete jueces pueda creer necesario dejar constancia de su criterio en un voto puede influir hasta cómo reflejen los medios el contenido de las deliberaciones que mantienen. Los magistrados las iniciaron durante el propio juicio y una vez terminado fueron determinando por puntos qué ocurrió: qué hechos dan por probados, de qué delito son constitutivos, quién los cometió y qué pena debe imponérsele.

A diferencia de otros procedimientos, en el del procés es clave saber qué delito se consideró cometido. Las fuentes consultadas sostienen que la «rebelión consumada» nunca puede castigarse, porque cuando el presunto rebelde se hace con el poder deja de serlo para convertirse en el jefe del Estado. En este caso, a los principales acusados la fiscalía les acusa de rebelión y la abogacía del Estado, de sedición, mientras que la acusación que ejercía Vox extendía su reproche a organización criminal. Decidir qué se cometió y en qué grado será lo leído con más atención de la sentencia.

REBELIÓN / En este sentido, fuentes jurídicas recuerdan que la rebelión es un delito de consumación anticipada. También lo es, por ejemplo, el narcotráfico y por eso se castiga el barco cargado de droga con independencia de que su mercancía llegue al consumidor o no. En la rebelión niegan que sea posible la condena en grado de tentativa, pero no descartan la conspiración para cometerla.

La sentencia será la única capaz que acabará con estas dudas. Cuando esté lista, el Supremo citará a los procuradores para entregársela y la remitirá por exhorto a la cárcel para que los presos la reciban en persona.

Las fuentes consultadas confían en que para el miércoles tanto el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, como el que fue de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ya conozcan la condena que como todo parece indicar les será impuesta (la absolución puede descartarse cuando cuatro meses después de terminado un juicio siguen presos, al igual que ocurre con otros siete acusados en su misma situación).

Si la resolución no está lista para entonces, la prisión preventiva de los líderes de las entidades soberanistas se revisará en la vistilla solicitada por la Fiscalía para prorrogarla. Se convocaría el lunes para celebrarse el martes.