El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Andrés Martínez Arrieta rechazó ayer la recusación presentada por el juez Baltasar Garzón contra su colega Luciano Varela al entender que la decisión de este último de ordenar a Manos Limpias y a la Falange que reescribieran sus textos de acusación contra el juez de la Audiencia Nacional tiene cobertura legal. Esta decisión deja vía libre para que Garzón se siente en el banquillo y sea suspendido de sus funciones por investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura.

Martínez Arrieta optó por la vía rápida y rechazó la solicitud sin convocar al pleno de la sala penal como establece la ley. Estas prisas obedecen a la necesidad de agilizar un proceso parado en las dos últimas semanas. Ahora, Varela tiene que dictar su auto de apertura de juicio oral después de que Manos Limpias, a instancias del juez, haya corregido dos veces su escrito de acusación. Esta resolución motivará la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, que será acordada por el Consejo General del Poder Judicial en un pleno extraordinario.

MISMOS ARGUMENTOS En su escrito, Martínez Arrieta acepta los argumentos de Varela, quien afirmó que había actuado como director de las acusaciones para favorecer la defensa del juez Garzón.

Sin embargo, este juez admite que la ley no establece ampliar el plazo para que las acusaciones corrijan los defectos de sus escritos, sino que es necesario acudir a la doctrina constitucional para encontrar una cobertura legal. Martínez Arrieta, como Varela, recoge una sentencia del Tribunal Constitucional en la que se avala ese papel de director en un proceso laboral. Y argumenta que es una obligación de los instructores examinar los escritos para evitar que contengan "acusaciones vagas, imprecisas que hagan que el acusado no sepa sobre qué se le acusa".

El lunes, el magistrado de la Audiencia Nacional volverá a comparecer como imputado en el Supremo para declarar sobre su decisión de autorizar la grabación de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados de el caso Gürtel con sus abogados.