El titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid ha suspendido hoy la declaración de la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete, acusada de un supuesto delito de apropiación indebida de 108.000 euros, por su presencia en el juicio del caso Nóos en Palma, donde ejerce la acusación popular.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el juez ha dictado una resolución media hora antes de la declaración, fijada a las 10.30 horas, en la que acuerda suspender la declaración de López Negrete, aunque no fija una nueva fecha para su comparecencia.
De esta forma, el magistrado estima la providencia del tribunal que juzga el caso Nóos en la Audiencia de Palma, aportada por la letrada, en la que se recuerda que López Negrete está presente en las declaraciones en Palma de Mallorca.
La abogada presentó también un escrito al juzgado en el que solicita que su declaración se realice a partir del próximo mes de julio cuando finaliza el juicio del caso Nóos.
Queda pendiente por tanto que el juez fije una nueva fecha para la declaración de López Negrete y también del secretario general del sindicato, Miguel Bernad, -ambos como investigados- una vez éste último ha aportado la documentación de las cuentas del banco que le requirió el magistrado.
El juez investiga a los dos abogados por una querella presentada por el Ministerio Público tras culminar las diligencias de investigación que la Fiscalía abrió a raíz de una denuncia de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias SEPBLAC.
La querella hace referencia a la retirada de dinero de una cuenta del sindicato, de la que dice que la mitad se la habría quedado Miguel Bernad y la otra se la entregó a Virginia López.
Manos Limpias defiende que el sindicato, a través de su secretario general, aclaró a la Fiscalía en su día las dudas del informe del SEPBLAC sobre el origen de unos ingresos del sindicato del año 2010.
Explica que los mismos fueron motivados por la contratación de unos servicios profesionales a una plataforma de afectados de la estafa en la inversión de sellos de Fórum-Afinsa.
Añade que en concreto eran novecientos afectados que pretendían que los servicios jurídicos del sindicato interpusieran varias demandas contra la Administración del Estado por responsabilidad patrimonial.
Por consiguiente el origen del dinero con nombres y apellidos es totalmente lícito, "por lo que en modo alguno puede haber ningún tipo de delito", destaca.
Y señala que quedó acreditado ante la Fiscalía el trabajo que se hizo de los recursos y demandas a través de los servicios jurídicos del sindicato.
