Un gran número de parlamentarios mantienen sus profesiones y negocios pese a que deberían trabajar en el Congreso o el Senado "en régimen de dedicación absoluta". Solo están obligados a dejar sus funciones en el sector privado si su labor choca con el régimen de incompatibilidades de las Cortes. Casi las tres cuartas partes de los diputados (250 de 350) cobran dinero al margen de su retribución del Congreso. De este grupo, 214 declaran ingresos de la empresa privada y 16 ejercen actividades no remuneradas. Conferencias, tertulias en radio y televisión, libros y clases en la universidad son los trabajos declarados más habituales.
Los abogados deben renunciar a contratar con la Administración pública. El acta de edil es compatible con la de diputado, pero se debe elegir uno de los sueldos. El debate está en permitir o no que un parlamentario figure en consejos de administración de bancos y cajas, o en firmas de sectores económicos clave, como el farmacéutico.
