El Tribunal Constitucional reanudó ayer sus trabajos y como primera medida aceptó la recusación del Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Por ello, solo ocho de los 12 miembros de este tribunal decidirán si es constitucional la reforma de la ley que regula esta sede judicial.
La recusación fue aprobada por seis magistrados, el presidente en funciones, Vicente Conde, y cinco progresistas, y rechazada por los conservadores Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas. En el debate no participaron la presidenta y el vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Giménez, que se han abstenido, ni los jueces recusados, reprobados por el Gobierno por pedir el cese de Casas en junio.
El PP recurrió la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que prorroga automáticamente el cargo de la presidencia hasta el cese como magistrada. Además, el PP atacó el artículo que permite al Senado elegir a jueces propuestos por las comunidades autónomas.
