Más caos. Los 10 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que participan en el debate deciden hoy si piden opinión al PP y al Gobierno sobre las recusaciones planteadas contra cinco jueces para evitar que revisen la ley que regula la prórroga del mandato de la presidenta del organismo hasta su cese en diciembre. En la sesión celebrada ayer no examinaron ni la triple recusación presentada contra jueces progresistas por el PP ni la doble del Gobierno contra los magistrados conservadores.

El pleno del alto tribunal fue convocado la pasada semana por el presidente en funciones, el magistrado conservador Vicente Conde. En el orden del día se estableció que los jueces iban a resolver primero las recusaciones planteadas por el PP contra Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps, y luego las del Gobierno contra Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata.

Sin embargo, los jueces prefirieron discutir otros asuntos y emplearon las cuatro horas de la sesión en debatir cómo podían pedir al PP y al Gobierno su opinión sobre las recusaciones. La tensa discusión impidió que los magistrados alcanzaran algún acuerdo, hasta el punto de que fuentes del alto tribunal admitían ayer que todo "estaba en el aire". Incluso, esas fuentes apuntaban que el pleno del TC podía "replantearse todo".

Este debate es crucial para el futuro del Constitucional. El tribunal de casación tiene que revisar las principales leyes aprobadas durante el Gobierno socialista como el Estatuto catalán, el matrimonio homosexual, la violencia de género o el plan hidrológico. Hasta ahora, el sector progresista tenía la mayoría en el pleno, ya que contaba con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas. Pero si Casas es apartada de la presidencia, el poder pasará a manos de los jueces conservadores, que podrían hacer realidad la estrategia del PP de ganar al Gobierno en los tribunales lo que perdieron en el Congreso de los Diputados.