El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los recursos interpuestos en relación con el procés en cuanto el Supremo dicte la sentencia que determinará que pasó en Cataluña en el otoño del 2017. Es a lo que se comprometió en julio, después de que se rompiera la unanimidad que había caracterizado sus pronunciamientos en relación con el desafío independentista catalán.

Entonces tres magistrados afirmaron que sus compañeros habían ignorado la jurisprudencia del TC para no amparar a Jordi Sànchez contra una sanción penitenciaria. El Constitucional recondujo la situación, al retractarse los discrepantes, pero decidió postergar la resolución de los recursos del procés hasta que el Supremo se pronuncie para no interferir en manera alguna.

Esa buena intención se ha mantenido hasta el 25 de septiembre, cuando el diario Abc publicó que uno de los jueces, Cándido Conde-Pumpido, proponía absolver a los condenados por el Supremo por el asalto al Parlamento catalán de 2011 y vinculaba el futuro de esa causa al de la sentencia del procés.

La conexión se basa en que en ambos procedimientos se debe ponderar el derecho de reunión y manifestación frente a otros. En el del asalto al Parlament ambos se enfrentaban al de participación política, porque se obstaculizó la llegada a la Cámara de varios diputados, entre ellos, el entonces presidente catalán, Artur Mas. En el del 1-O se debe determinar si hubo rebelión o sedición al organizar el referéndum ilegal o las concentraciones que se produjeron contra los registros de la operación Anubis, no quien participaba en ellas.

Precedente europeo

La ponencia de Conde-Pumpido, más allá de sus consideraciones sobre los derechos fundamentales aludidos, basaba la absolución en la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber condenado al exlendakari Juan María Atutxa en el Tribunal Supremo sin haberle escuchado.

Las fuentes del alto tribunal consultadas por El Periódico admiten un debate jurídico en relación a si con ese precedente resulta obligatoria o no la absolución de los condenados por el asalto al Parlament, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional y el Supremo les condenó. Hay quien sostiene que condena es posible siempre y cuando no se mueva una coma de los hechos declarados probados por el tribunal que absolvió. La fiscalía desde los tiempos en que el fiscal general era José Manuel Maza defiende la absolución en este caso.

Sea cual sea la decisión final que se adopte en este recurso, el precedente europeo es muy importante, sobre todo porque tres de los ocho jóvenes condenados ya han llevado el caso a Estrasburgo. El de los otros cinco se admitió y es en el que se ha producido la polémica.

Al ver que su propuesta de sentencia generaría discrepancias, el propio Conde-Pumpido la retiró y el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, la elevó al pleno, donde aún no se ha debatido. En un tribunal el ponente traslada a sus compañeros una propuesta de resolución. Si todos están de acuerdo, la sentencia se dicta por unanimidad; si no, los que quedan en minoría pueden aclarar su discrepancia en votos particulares.

La publicación de una ponencia que aún no había ido al pleno y que se presentara como si irremediablemente debiera compartir destino con la sentencia del procés ha supuesto un antes y un después en las relaciones de los magistrados del Alto tribunal. En el pleno de esta semana, no obstante, según las fuentes consultadas, han escenificado su voluntad de que las aguas vuelvan a su cauce.