Más allá de las consignas electoralistas, Gobierno y PSOE otean con inquietud el horizonte poselectoral en Cataluña. A Aznar y su sucesor, Mariano Rajoy, les inquieta lo mismo que a José Luis Rodríguez Zapatero: las consecuencias del previsible ascenso electoral de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a la que todas las encuestas otorgan por anticipado la llave de la gobernabilidad.

DUDA INDEPENDENTISTA Con sus últimos sondeos en la mano, el núcleo duro del Gobierno daba ayer por hecho que, gane el socialista Pasqual Maragall o el nacionalista Artur Mas, el nuevo árbitro de la política catalana será Josep Lluís Carod-Rovira. Aunque el líder de ERC es un desconocido en Madrid, el Ejecutivo atisba en su ideología independentista un factor de inestabilidad para Cataluña. "Una cosa es hacer campaña y otra gobernar. Mas ha sido conseller en cap (consejero jefe) y Maragall alcalde de Barcelona. Por sí mismos no harían ningún disparate, pero la gran incógnita es qué contrapartidas les exigirá Carod a cambio de su apoyo", apunta un alto cargo del Ejecutivo.

Los asesores de Aznar y Rajoy auguran que un presidente de la Generalitat catalana sujeto a los designios de ERC será fuente de conflictos, pues para satisfacer a su socio independentista desatará una espiral reivindicativa de imprevisibles consecuencias. Y al Gobierno, volcado en su lucha sin cuartel contra el plan Ibarretxe en Euskadi, nada le inquieta más que tener que sofocar otro foco de tensión en Cataluña.

REFORMA SIN VIOLENCIA Uno de los ministros consultados reconocía esta semana que al Ejecutivo le resultaría muy difícil rechazar al mismo tiempo el desafío soberanista del lendakari y una reforma estatutaria en Cataluña. "Los españoles saben que aceptar el plan Ibarretxe sería claudicar ante ETA, pero un nuevo Estatuto catalán, impulsado democráticamente y sin el chantaje de la violencia, sería muy difícil de neutralizar", apuntan en el entorno de Aznar.

Con o sin reforma estatutaria, la Moncloa pronostica una grave tensión territorial si, azuzado por Esquerra, el futuro presidente catalán se embarca en la demanda de nuevas competencias y de una mejor financiación para Cataluña. "Eso sería el desmantelamiento del Estado", alerta un dirigente del PP, siempre desde la premisa de que cualquier traspaso a Cataluña debería hacerse extensivo a las restantes comunidades autónomas.

A este rosario de temores se suma, además, la convicción gubernamental de que el PSOE carece de autoridad para moderar las demandas de autogobierno que plantea Maragall. Una convicción reforzada después de que el jueves el líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, prometiera apoyar al Estatuto catalán que consensúe el Parlamento catalán.

De esta promesa, ayer el Partido Popular hizo dos lecturas distintas: para Rajoy, revela que Zapatero "dice en cada sitio lo que le gusta oír al que está allí"; para el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, esa fue la condición que puso Maragall para invitar al líder del PSOE a su mitin: "Si no, no le hubieran dejado ir". No en vano los populares confían en que un posible pacto entre el PSC y ERC dé a Rajoy la munición necesaria para desacreditar a Zapatero en la campaña de las generales.

El PSOE asume que, aunque la victoria de Maragall sería un gran revulsivo cara a las legislativas, su probable pacto con ERC será satanizado por el PP en el resto de España, donde agitar el espantajo de la amenaza independentista suele arrojar sustanciosos réditos electorales. La esperanza de Zapatero, que ya ha abordado este debate con Maragall, es que, de convertirse en el nuevo presidente catalán, el líder del PSC no active la reforma estatutaria hasta pasadas las generales.