El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a evidenciar ayer su división ante la reforma del Gobierno para ampliar el cumplimiento de las penas a 40 años de cárcel. La mayoría conservadora en el pleno del Consejo rompió el consenso alcanzado con la minoría progresista al apoyar ahora que los etarras tengan un trato diferente que los delincuentes comunes para acceder a beneficios penitenciarios.

El pasado jueves, la comisión de estudios e informes del Consejo General --integrada por tres vocales conservadores y dos progresistas-- aprobó un texto en el que declaraban constitucional la ampliación de 30 a 40 años de cumplimiento de las penas.

Además, los cinco vocales proponían que los beneficios penitenciarios de los encarcelados se computasen tomando como referencia el límite máximo de los 40 años y que ese régimen se aplicara también a los terroristas. Pero la mayoría conservadora introdujo ayer una modificación que motivó la discordia. En ella, apoya que a los etarras se les descuenten los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de la pena impuesta, es decir, que pasarían 40 años en prisión, sin posibilidad de reinserción, si han sido condenados a más de 80 años de cárcel. La minoría progresista abandonó el pleno durante cerca de 40 minutos para estudiar la modificación propuesta por los conservadores tras manifestar su sorpresa, ya que el documento ya estaba consensuado.

El vocal conservador Adolfo Prego, que redactó la ponencia aprobada en la comisión de estudios, defendió la modificación con el argumento de que deja al Gobierno la posibilidad de que busque soluciones para "salvaguardar la rehabilitación como principio primordial de la pena establecido en la Constitución".

Por su parte, Luis Aguiar, de la minoría progresista, explicó que en el informe se proponía excluir esas diferencias porque vulneraban la Carta Magna y son contrarias contrarias a la reinserción y criticó que ahora se ofrezca la oportunidad al Ejecutivo de buscar soluciones.

PRISION PROVISIONAL

La comisión de estudios del Consejo aprobó ayer la ponencia del vocal conservador Faustino Gutiérrez sobre la reforma de la prisión provisional. A la progresista Montserrat Comas se le retiró la ponencia por cuestionar aspectos del anteproyecto.