Una despedida sonada. El juez Baltasar Garzón firmó ayer su último auto sobre la trama corrupta vinculada al PP con una resolución en la que detalla los sobornos recibidos por el tesorero y senador popular Luis Bárcenas y el eurodiputado popular Gerardo Galeote, procedentes de la trama que dirigía Francisco Correa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) asumió ayer la investigación "íntegra" de este caso tras afirmar que existen "indicios de criminalidad" contra los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

El juez de la Audiencia Nacional informó al TSJM de que la policía ha acreditado que Bárcenas ha recibido, en concepto de sobornos, 1.353.000 de euros de la red de Correa. Este dinero lo obtuvo por participar, por ejemplo, en una "adjudicación amañada" de una obra de la variante de una carretera a una empresa de la que forma parte uno de los imputados, Ramón Blanco Balín.

Asimismo, percibió otras cantidades por contratar a Correa para que organizara los actos del partido. Sin embargo, después cambió de actitud y pasó a ser "el cabrón" para la red corrupta, porque dejó de darles trabajo. Garzón también acusa a Galeote de haber aceptado pagos por importe de 628.310 euros.

El juez afirma que los dos políticos estaban "integrados" en la organización de Correa, con el que se repartían el dinero que este obtenía por la organización de eventos del partido. También les acusa de haberse aprovechado de su posición en el PP.

El juez describe también las diferencias de criterio que ha mantenido con la fiscalía anticorrupción sobre la solidez de los indicios contra Bárcenas y Galeote. Sin embargo, acepta que ya no es competente para dirigirse al Tribunal Supremo. Por ello, acuerda que sea el TSJM el que "proceda en Derecho".

Precisamente ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asumió la competencia de este caso y ordenó a Garzón que "cese cualquier actividad instructora". El TSJM afirma que en la investigación existen indicios que acreditan que López Viejo, Martín Vasco y Bosch han podido percibir "importantes cantidades de dinero" por sus actividades "de mediación o influencia en la adjudicación de contratos" a la trama corrupta. Para el TSJM, los hechos pueden ser constitutivos de cohecho y tráfico de influencias.

EL FUTURO El TSJM pide al fiscal que le informe si este caso debe ir al Tribunal Supremo porque también interviene el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por la implicación del presidente valenciano, Francisco Camps, y otras cuatro personas.

Garzón, además, sostiene que, según la reconstrucción que la policía hizo de varios apuntes contables, hubo una "adjudicación amañada" de la obra de la variante de Olleros de Alba (León), con una "participación activa" de la organización de Francisco Correa, pero también de "algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León".