Los ataques perpetrados por los violentos este fin de semana contra un local de un concejal de UPN en Barañain (Navarra) y una entidad de seguros en Getxo (Vizcaya) han puesto en vilo al Gobierno justo al cumplirse un mes del alto el fuego permanente declarado por ETA. Máxime tras haber hecho público el propio presidente del Gobierno que los dos primeros informes de "verificación" le permitían asegurar que el cese de la violencia era "real" y completo.
Dejando al margen si los ataques han sido o no permitidos por ETA, conviene repasar lo que ocurrió hace ocho años, durante el mes que siguió a la declaración de tregua indefinida de ETA el 16 de septiembre de 1998. En aquellos primeros 30 días, los vascos no pudieron saborear ni un día la ausencia de violencia, porque el mismo 17 de septiembre empezó una campaña de kale borroka que sumó 1.500 sabotajes en un mes. El Gobierno de José María Aznar aguantó sin parar el proceso, hasta el punto de que a principios de noviembre autorizó que una delegación gubernamental se reuniera con ETA.
A aquella declaración de tregua no siguió un proceso de verificación como el que ha emprendido actualmente Zapatero. Aznar reclamó el 2 de octubre de ETA una prueba de que su renuncia a la violencia era definitiva, pero no obtuvo respuesta. Sin tenerla, autorizó los contactos un mes después.
Forma de recaudación
El funcionamiento de la maquinaria policial y judicial que conforma el Estado de derecho también ofrece diferencias respecto de 1998. Entonces no hubo una sola detención relacionada con ETA en 30 días. En cambio, desde el 22 de marzo, cuando la banda anunció el "alto el fuego permanente", la Ertzaintza ha detenido a dos presuntos terroristas vinculados con un atentado del 2003; y la Guardia Civil ha capturado a un joven que llevaba bonos para vender y recaudar fondos para la banda. Este ingresó en prisión el sábado.
En el periodo actual, tres dirigentes de Batasuna han entrado en prisión (y salido con fianza) por participar en una manifestación con actos violentos el 9 de marzo. Entre ellos, Arnaldo Otegi, que en 1998 era líder de Euskal Herritarrok y hoy representa a una formación ilegalizada.
La política penitenciaria también se dulcificó en 1998, animada por el anuncio de tregua. El Gobierno del PP aprobó el primer mes el acercamiento a cárceles vascas de cuatro presos etarras, y permitió la excarcelación de un quinto por razones de salud. Desde el 24 de marzo de este año, los presos de ETA no se han movido, aunque seis etarras han salido de la cárcel tras cumplir completamente sus condenas.
