El escándalo del máster de Cristina Cifuentes ha originado el curioso caso de los currículos menguantes. El más sonado es el de Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, que a golpe de ratón ha pasado de cirujano con una amplia formación académica a «soltero» a secas. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y el diputado de Ciudadanos Toni Cantó, entre otros, se han sumado al lifting de sus engordados expedientes, eliminando los engaños.

La titulitis es una tendencia al alza que, a juicio de Ismael Peña, politólogo, tiene su origen en las propias demandas de la ciudadanía. «La gente reclama que los políticos tengan más formación y experiencia. Por eso se critica que Rajoy no sepa idiomas». Esquerra Republicana, con miembros «muy formados», es un claro ejemplo de «la cada vez mayor profesionalización de la política», afirma el experto.

En este sentido, algunas comunidades autónomas quieren poner freno a esta situación. Es el caso de Cataluña, donde un anteproyecto de ley de la Generalitat de julio del 2015, que se intentará aprobar en la próxima legislatura, pretende profesionalizar los cargos directivos de la Administración y su sector público, introduciendo «los criterios de idoneidad y competencia profesional para su acceso y evaluación de resultados».

Casta superior

«La hipertrofia» en los currículos de los que mandan, sostiene Peña, parte de la necesidad de destacar por encima de un ciudadano medio cada vez más instruido y abierto a cuestionar la autoridad. «Quieren recuperar la diferencia de casta, la que existía en el franquismo, la idea de élite». Con la escalada de titulados universitarios en la masa social, ahora la diferencia, el escalón superior, está en los másteres, y si son de Harvard, mucho mejor. «Es lo que les permite separarse del populacho y sentirse legitimados para ejercer el poder y justificar sus acciones. Piensan que se lo merecen porque están más preparados. Si sus decisiones provienen de un saber superior es más difícil contestarles». Se trata, aclara, de una posición ilegítima equivalente «al calla porque yo sé más que tú».

Peña considera que tanto Cifuentes como el resto de cargos con títulaciones de postín pillados tras el mastergate deben dimitir. «No porque carezcan de esos méritos sino porque han mentido». La profesora colaboradora de Recursos Humanos de la UOC Gina Aran recuerda que desde el punto de vista laboral «mentir en un currículo puede ser causa de despido disciplinario». Aun así, según un estudio internacional de Umedy, el 24% de los españoles admite haber falseado alguna vez su expediente.

Delitos

Los políticos o cargos públicos deberían tener una congruencia entre su currículo y el cargo que ejercen, agrega la especialista. «Si han accedido al puesto por concurso público podría dejarse sin efecto en el caso de que hubieran mentido». Hay incluso situaciones en que se va más allá de las medidas disciplinarias: «Pueden salir a la luz delitos como la falsedad documental como presuntamente es el caso de Cifuentes», zanja el politógolo.