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Tormenta política por el pago de Hacienda a las autonomías

Varios barones del PP criticaron el «electoralismo» del Ejecutivo. El Gobierno admite ahora que puede abonar los fondos antes del 10-N

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Sanlúcar de Barrameda, ayer. - EFE / ROMÁN RÍOS

EL PERIÓDICO
22/09/2019

El Ministerio de Hacienda ha abierto la caja de los truenos al reconocer ahora que está dispuesto a abonar cuanto antes a las comunidades autónomas los 4.500 millones pendientes de la actualización de las entregas a cuenta de este año. Y eso, agrega, puede llegar en días, incluso antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

La noticia, adelantada por El País, fue confirmada por este diario en fuentes gubernamentales que, aunque evitan precisar si esa entrega será en septiembre, admiten que será en «días». Entre quienes se lanzaron ayer de inmediato a atacar el cambio de postura, además de toda la oposición –sobre todo el PP y Ciudadanos–, está también la Generalitat, convencida de que el Ejecutivo central teme el resultado de su denuncia judicial por las deudas pendientes, según fuentes de la Consejería de Economía.

Las mismas fuentes aseguraron que la demanda ya está presentada ante la Audiencia Nacional y «en Hacienda están preocupados por si se resuelve el recurso antes del 10-N». La actual premura del ministerio por atender la demanda autonómica contrasta con la falta de urgencia defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en sus últimas comparecencias.

TESORERÍA / En el Senado y en el Congreso, Montero argumentó que, en la mayoría de los casos, no eran ciertas unas tensiones de tesorería que no iban a aparecer –según ella– hasta mediados de diciembre, y que había tiempo para buscar una solución dentro de la legalidad.

La ministra se escudó en agosto en un informe de la Abogacía del Estado que era contrario a que un Gobierno en funciones pudiera ejecutar estos pagos. Aun así, siempre añadió que estaba buscando una salida legal.

Hacienda no aclaró ayer cuál es el «resquicio legal» que ha encontrado para que, tras convocar las elecciones, se pueda hacer algo que, según el informe de la Abogacía que esgrimió, no se podía hacer antes, con un Gobierno en funciones.

La oposición disparó desde todos los frentes. El primero en denunciar «la tomadura de pelo» fue el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. El propio líder del PP, Pablo Casado, tachó de «inadmisible» que el Gobierno «pretenda comprar voluntades electorales con el dinero de los contribuyentes».

Varios barones autonómicos del PP criticaron el «electoralismo» del Ejecutivo del PSOE. «Primero asfixian, luego chantajean, y ahora que vienen elecciones, nos dan limosna», denunció en Twitter la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

GOBIERNO SIN CRÉDITO / En la misma red social, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), se preguntó cuándo «creer» a la ministra: «¿Cuando decía que no podía pagarnos o ahora que encuentra un resquicio porque hay elecciones?».

El presidente del PP en Baleares, Biel Company, también habló de «chantaje» por parte de Sánchez y Montero, mientras que su homólogo en Murcia, Fernando López Miras, se refirió a «otra maniobra electoralista» con la que el PSOE «pretende sacar rédito electoral de la asfixia a la que nos ha sometido». La presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, lo consideró una «vergüenza».

Desde Galicia, la portavoz del BNG, Ana Pontón, afirmó que PSOE, PP, Cs y Podemos continúan «instalados en la frivolidad y jugando con asuntos muy importantes para Galicia».

Ciudadanos se sumó a la crítica. «Sánchez y su Gobierno se están riendo de las comunidades autónomas. Se ríen de los consejeros de Hacienda y de los españoles. En el caso concreto de Madrid, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna comunicación por parte del Gobierno», dijo el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs).

Y lo mismo el presidente catalán, Quim Torra, quien criticó que Hacienda vaya a desbloquear, «milagrosamente al comenzar la campaña electoral», 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica. En Twitter, reprochó: «Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque ‘hasta que no haya Gobierno’ no pueden pagar; y ahora aparece un resquicio». El vicepresidente, Pere Aragonès escribió en tuiter: «Eso demuestra que teníamos y tenemos razón en denunciar al Gobierno español por retener irregularmente el dinero que nos corresponde».

Ante estas críticas, desde el Gobierno no hubo un pronunciamiento oficial, aunque la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, señaló que el Gobierno no utiliza las instituciones, sino que trabaja para resolver los problemas de las personas y generar oportunidades.

Desde Galicia, el secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, defendió que es «evidente» que el Gobierno de Sánchez «cumple aquello que dice». El vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ve como una «buena noticia» que el Gobierno «haya encontrado una solución que lleve al desbloqueo».

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