El presidente catalán, Quim Torra, argumentó ante el juez que la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos era «imprecisa», a la vez que subrayó que este organismo electoral no era el competente para acordar esa medida, sino las juntas provinciales catalana. El equipo jurídico del mandatario considera que ese requerimiento es legalmente nulo. El jefe del Ejecutivo ha invocado a la libertad de expresión y pensamiento político consagrada en los derechos humanos para mantener los lazos y símbolos de apoyo a los independentistas presos.
Torra estaba citado a declarar a las 10.30 horas de ayer por su imputación a raíz de la querella por desobediencia presentada por la fiscalía al haber desoído en marzo la orden de la JEC de retirar los lazos amarillos. Desde primera hora de la mañana, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) e instructor de la causa, Carlos Ramos, le estaba esperando para su interrogatorio como imputado. El presidente acudió al Palacio de Justicia de Barcelona arropado por los miembros de su Gobierno, excepto los titulares de los departamentos de Justicia e Interior, así como por diputados soberanistas.
La comitiva fue recibida por unas doscientas personas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que denunciaron que se haya vuelto «a poner en evidencia la vulneración de los derechos y las libertades fundamentales por parte de las instituciones judiciales».
Torra expresó a primera hora de la mañana vía Twitter las intenciones con las que acudía al TSJC: «Iré a acusar al Estado de esta deriva autoritaria» y a «defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias». La declaración de Torra duró 45 minutos. El president, según las fuentes consultadas, ha respondido a cinco preguntas del fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, y a las de su abogado, Gonzalo Boye. En cambio, rechazó contestar al letrado de Vox, que ejerce la acusación popular, por «decencia democrática». Según fuentes de la defensa del presidente, el magistrado Carlos Ramos les conminó a no desvelar a los medios de comunicación datos sobre el interrogatorio del jefe del Ejecutivo «hasta después de las elecciones». Boye, eso sí, aseguró que su representado fue «coherente» con las afirmaciones realizadas hasta ahora respecto a la polémica de los lazos.
Informe del ‘Síndic de Greuges’ / Después de la declaración, el juez Carlos Ramos requirió al gabinete de comincación del presidente que entregue una copia de dos comunicados de prensa relacionados con los requerimientos de la Junta Electoral precisando la hora y los medios en que fueron publicados. También pidió al Síndic de Greuges copia del informe que realizó sobre la exhibición de símbolos.
La querella interpuesta por el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender «reiteradamente» las órdenes de la Junta Electoral Central cuando mantuvo simbología «partidista» en edificios públicos, entre ellos el palacio de la Generalitat, lo que en su opinión reviste «especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía».
En una comparecencia posterior, Torra subrayó el tono político desafiante contar el Gobierno y el Estado, a los que acusó de perpetrar una «maniobra» represiva contra el independentismo usando las instituciones y aparatos de poder. Aseguró que «si la democracia española no aguanta esta defensa [de derechos y libertades] pagaré el precio que haga falta» y en este sentido dijo que iría «hasta las últimas consecuencias», obviando que finalmente sí obedeció a la JEC y retiró los lazos y estelades.
Por su parte, la acusación pública sostuvo que el mandatario catalán desoyó «consciente y deliberadamente» el requerimiento «claro y expreso» emitido por la JEC y mantuvo los elementos que la Junta le pedía retirar.
