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PRESIDENTES AUTONÓMICOS PROCESADOS

Torra y Hormaechea, los únicos inhabilitados durante su mandato; Marco dimitió antes

El entonces mandatario de Cantabria fue condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación

 

Juan Hormaechea. -

EFE
28/09/2020

La inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat no ha sido la única que se ha aplicado a un presidente en el ejercicio del cargo. En 1994, Juan Hormaechea, entonces presidente de Cantabria, era condenado a seis años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Hormaechea (Unión para el Progreso de Cantabria) recibió la condena de inhabilitación, en su caso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, antes de concluir su mandato (1987-1995).

Doce días después de conocer la sentencia presentó su dimisión pero la falta de sustituto le obligó a permanecer como presidente en funciones hasta las elecciones de 1995.

No obstante y según fuentes jurídicas consultadas por Efe, el caso de Hormaechea y Torra no son legalmente idénticos aunque el resultado es el mismo, "y la persona queda apartada".

"A Hormaechea no le echó directamente una sentencia judicial, dimitió y estuvo en funciones, si la sentencia hubiera sido firme no hubiera podido estar en funciones", han explicado estas fuentes.

Hormaechea tampoco pudo concurrir a las elecciones de 1995 al ser considerado "inelegible" por la Junta Electoral Central (JEC) por otra sentencia anterior por injurias, que sí era firme, y le privaba del derecho a presentarse como candidato.

Cuando la sentencia de inhabilitación llega fuera del mandato

Pepe Marco Berges (PSOE)

A cinco meses estuvo otro líder autonómico, el socialista José Marco Berges, presidente de Aragón (1993-1995), de entrar en esta lista de inhabilitados en el ejercicio del cargo.

Marco Berges fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a seis años de inhabilitación para ejercer cargo público en junio de 1995 por malversación de fondos y falsedad de documento público pero la sentencia llegó cinco meses después de su dimisión, el 19 de enero de ese mismo año.

En el caso de Pepe Marco Berges, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ratificada en 1997 por el Supremo, consideraba probado que en 1990 el presidente gastó 80.000 pesetas de los fondos de la Diputación General de Zaragoza en la compra de un sillón de cuero para su domicilio particular.

Al conocido como 'caso del sillón' se sumó meses más tarde otra inculpación por uso de fondos públicos para espionaje a políticos y empresas aragonesas.

Gabriel Urralburu (PSN-PSOE)

El primer presidente de Navarra, el socialista Gabriel Urralburu (1984-1991) fue condenado en 1998 por la Audiencia de Navarra a once años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo público por delitos de cohecho continuado y contra la Hacienda foral.

No obstante, en 2001 el Tribunal Supremo estimó parcialmente los motivos de casación interpuestos por Urralburu y le absolvió del delito contra la Hacienda Pública aunque mantuvo las condenas por delito continuado de cohecho. De esta forma Urralburu vio reducida su condena de once a cuatro años pero mantuvo los nueve de inhabilitación.

Jaume Matas (PP)

Presidente de Baleares entre 1996-1999 y 2003-2007 fue sentenciado por la Audiencia de Palma en octubre de 2017 a siete meses de prisión y siete años de inhabilitación -ampliados posteriormente a diez por el Tribunal Supremo- para empleo o cargo público.

La sentencia condenaba a Matas por prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el encargo en 2007 al arquitecto Santiago Calatrava del diseño del teatro de la ópera en Palma de Mallorca.

No obstante, la mayor condena le llegó por el 'caso Noos'. En 2018 el Supremo le sentenció a tres años y ocho meses por un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de falsedad y malversación.

Manuel Chaves (PSOE)

Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía (1990-2008) fue condenado por la Audiencia de Sevilla en 2019 a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en la pieza política del caso de los ere.

La sentencia considera al expresidente y exministro de gobiernos socialistas responsable de un sistema de ayudas públicas ilegales que la Junta de Andalucía instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. La sentencia no es firme y la ha recurrido ante el Supremo.

José Antonio Griñan (PSOE)

José Antonio Griñán, que sucedió a Chaves al frente de la Junta de Andalucía (2009-2013), también fue condenado por la Audiencia de Sevilla en 2019 a seis años de cárcel y quince de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el mismo caso de los eres andaluces.

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