El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dirigido una misiva al Gobierno en la que pide explicaciones por el levantamiento del confinamiento estricto a partir del lunes. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó, ha criticado, tras la reunión telemática del Consejo Ejecutivo, que el Ejecutivo central haya tomado esta decisión "que el mismo comité científico que asesora al Gobierno desconocía" y cuando "algunos de sus miembros tienen reservas serias sobre la decisión adoptada". "Hay que saber si la decisión de permitir el regreso al trabajo a partir de la semana que viene corresponde a criterios científicos y médicos o a criterios estrictamente económicos", ha lanzado Budó, y ha sostenido que es "fundamental" fijarse sólo en lo que apuntan "la mayoría de los expertos" para frenar los contagios.

Desde el Govern siguen insistiendo en un confinamiento total que se prolongue en el tiempo y advierten de que "un mal desconfinamiento puede llevar a un nuevo confinamiento". Budó ha hurgado en que no conocen al detalle el criterio del Gobierno de Pedro Sánchez: "No tenemos ninguna información, ninguna norma, ningún protocolo. No se nos ha comunicado ninguna medida de desconfinamiento y estamos doblemente preocupados por un anuncio precipitado, por una medida que es contraria a lo que estaban anunciado", ha espetado.

El consejero de Interior, Miquel Buch, ha cargado contra el Ejecutivo central por generar "incerteza". "No queda nada claro. Lo que dice el ministro es una cosa y lo que dice el Boletín Oficial del Estado es otra", ha apostillado. Y ha insistido en que Cataluña vive en un "estado de subordinación y de laminación de competencias que genera esta incerteza".

Nuevas medidas

El Consejo Ejecutivo ha aprobado este viernes nuevas medidas para hacer frente a los estragos que acarrea el coronavirus. En el ámbito presupuestario contemplan la ampliación del fondo de contingencia hasta dos meses después del levantamiento del estado de alarma para atender nuevos gastos relacionados con la crisis sanitaria, y no aplicarán los mínimos de facturación específicos de agua a alojamientos vacacionales del 1 de abril hasta el 31 de diciembre.