La trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón deja otra herida de guerra en el PP. Las relaciones de los empresarios implicados con cargos populares hacen daño, y mucho, a la imagen del partido. Y en busca de un tratamiento de choque, ayer se tomó la decisión de cortar cuatro cabezas políticas: la del consejero de Deportes en Madrid, Alberto López Viejo; del actual gerente del madrileño Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega --exalcalde del municipio de Majadahonda--, del actual alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y de su número dos, María Jesús Díaz.
Pero esto es un resumen de una larga jornada que se vivió ayer en el PP y que llegó a adquirir tintes de sainete. Valga como ejemplo el momento en el que Mariano Rajoy anunciaba en su sede que el alcalde de Boadilla dimitía y, casi a la vez, el aludido lo negaba en la puerta de la Audiencia Nacional. Esperanza Aguirre decidió entrar en escena a media tarde a poner orden.
COGER LAS RIENDAS Este nuevo lunes negro de Rajoy (ya acumula varios en su biografía política) comenzó temprano, con la reunión de su comité de dirección. Allí se habló principalmente de corrupción. En su entorno había tomado fuerza la idea de que esta vez era el líder, y no segundos espadas, quien debía dar la cara.
Rajoy aceptó la sugerencia. Apareció en la sala de prensa del partido conservador a las 12.45 horas, con sus vicesecretarios --su número dos, Dolores de Cospedal, no estaba--; su jefe de gabinete y su responsable de Justicia. Arrancó su discurso: admitió que algunos empresarios que investiga el juez Baltasar Garzón han sido "proveedores" de servicios al PP, pese a que el sumario que se está instruyendo es secreto y él, matizó, lo desconoce.
Anunció otra investigación interna "a nivel nacional y regional" (en Madrid y Valencia) y cargó contra las "filtraciones" a los medios ya que, apuntó, "hacen daño al PP en su conjunto". Y señaló que pediría amparo en la Audiencia Nacional y en el Consejo General del Poder Judicial, además de personarse en la causa. Eso sí, restó importancia al hecho de que hayan sido exediles del PP los que hayan favorecido que este caso salga a la luz.
"Todas las contrataciones que ha hecho esta casa se han hecho en el marco de la legalidad", garantizó Rajoy, añadiendo que tampoco ha recibido donaciones de los detenidos. "Si algún militante hubiera hecho algo ilegal, o que no se ajuste a los comportamientos que cualquier dirigente político debe mantener en el ejercicio de su cargo, el PP actuará con toda contundencia", agregó el líder popular.
Asimismo, reconoció que, cuando supo en el año 2003 que empresas como Special Events trataban de conseguir contratos usando fraudulentamente el nombre de su partido, cortó relaciones con ellas. Y si se enteró, ¿por qué no lo denunció entonces?, se le preguntó. "No me pareció que aquello fuera una actividad delictiva", respondió.
UNA DIMISION CONFUSA A continuación, comunicó que el alcalde de Boadilla había puesto su cargo a disposición del PP, pese a declararse inocente. Aceptaba el gesto por el bien de la imagen del partido. ¿Y quién se lo había dicho a Rajoy? Pues la propia Esperanza Aguirre, que, según especificó, le autorizó a contarlo. Pero mientras, el afectado desautorizaba al líder sin pudor y negaba su dimisión.
En medio del caos, el PP de Madrid trató de arreglar el entuerto. Su secretario general, Francisco Granados, aclaró que se había reunido a las diez de la mañana con el alcalde de Boadilla y que había obtenido su compromiso de dimisión. Granados se lo dijo a Aguirre, y esta, a Rajoy. Y el líder de los populares, a los periodistas. Al mismo tiempo, el regidor de Boadilla se veía con Garzón. No estaba imputado. De momento, pese a las revelaciones sobre sus supuestas y sospechosas posesiones en Miami. El alcalde reculó. No se iba.
Granados telefoneó a González Panero y le avisó de que o se marchaba o le echaban. Ninguno cedía. Se convocó una reunión con los ediles de Boadilla. Siete y media de la tarde. Aguirre convocó con urgencia a la prensa. A saber: anunció la dimisión de su consejero Alberto López Viejo --por contratar servicios con esas empresas--, así como la del exalcalde de Majadahonda, que hasta ayer dirigía una sede comercial madrileña.
Aguirre sostuvo que el PP de Madrid, desde que ella lo preside, no tiene relación con los investigados y que la cita de Granados con el equipo de Boadilla daba frutos: hoy se irán el alcalde y su número dos. En total, cuatro cabezas en la cuenta de Aguirre, que insistió en la presunción de inocencia. Igual que con el espionaje, aunque ahí no dimite nadie. Es evidente que el PP tiene distintas varas de medir. Como en Valencia, donde ser imputado --como Carlos Fabra-- no implica ni perder la militancia.
