El momento estrella del juicio contra la excúpula de los Mossos no se hizo esperar. El principal acusado, el mayor Josep Lluís Trapero, inauguró su turno con una defensa a ultranza de la actuación de los Mossos, tanto el 20-S, con los medios y la cuarentena de lugares donde había registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, como el 1-O, con más de dos millones de personas en la calle frente a 16.000 policías. Admitió que tanto en uno como en otro caso pudo haberse equivocado, pero no fue voluntariamente.

Trapero, que reconoció que en ambos dispositivos policiales hubo puntos que no le gustaron, no tuvo reparos en desmarcarse de la vía unaliteral, y llegó a calificar de «barbaridad» cada paso dado en ese sentido al referirse a las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente, que apostaban por la unilateralidad, y que confiaba paralizara la justicia.

Sí negó saber algo del proyecto independentista y, mucho menos, que se le pidiera participar. «Ni lo conocí ni se me expuso, ni se me consultó ni conozco a alguien que se le hubiera expuesto algo similar», aseveró antes de afirmar que no había oído mencionar Enfocat (el documento que define el cómo y el cuándo del proceso independentista) hasta que leyó la causa abierta en su contra.

LA RELACIÓN CON PUIGDEMONT / Previamente a preguntas del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, dijo que «no tenía una relación ni buena ni mala», con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ignoraba la propuesta de ascenderle a mayor realizada por el entonces director de la policía autonómica, Albert Batlle, promoción que desvinculó del procés. Y para distanciarse de cualquier plan independentista afirmó incluso que le constaba que el Govern desconfiaba de él.

La primera parte del interrogatorio se centró en el 20 de septiembre de 2017, hechos que junto al 1-O hacen que el fiscal pida para él 11 años de prisión por rebelión, delito que no rebajará a la sedición por la que condenó el Tribunal Supremo a los líderes del procés hasta que concluya la prueba del juicio, cuando esté a punto de finalizar. El fiscal Pedro Rubira puntualizó que eso no afecta al derecho de defensa, porque los hechos que se les atribuyen son los mismos.

Trapero aseguró que se enteró hacia las ocho de la mañana de la operación Anubis. Situó su primera preocupación en buscar medios y personal para actuar porque podía haber problemas en lugares que no contaban con suficientes agentes para auxiliar a la Guardia Civil.

En la Consejería de Economía se designó al entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, como mediador, lo que consideró una forma habitual de trabajo por parte de los Mossos. Preguntado sobre si que el pasillo para que saliera la comisión judicial se hiciera por voluntarios de la ANC fue una condición impuesta por Sànchez, Trapero fue tajante. «Sànchez no es nadie para imponer condiciones. Una persona que hace una concentración no pone condiciones a la policía», aseguró. Más adelante añadió que «Sánchez puede decir misa» y que le llegó a colgar el teléfono en un momento, porque «él no era quién para decirle cómo tenía que hacer un dispositivo».

REQUERIMIENTO DE LA BENEMÉRITA / Por la mañana el fiscal fue muy exhaustivo con los distintos requerimientos que la Guardia Civil dirigió a los Mossos en la Consejería de Economía para que la comisión judicial abandonara el lugar tras el registro, o cuando los vehículos de la Guardia Civil «con material sensible», que luego se supo que eran armas, habían quedado aislados y solicitaban un pasillo que permitiera salir de Economía con seguridad.

Trapero no perdió al compostura. Sostuvo que en el centro de control de los Mossos se desaconsejó actuar «por lo compactada que estaba la gente». «Se optó por un dispositivo que no se nos fuera de las manos con los medios que teníamos. ¿Que nos equivocamos? No lo sé, pero nuestra opción era ayudar a la Guardia Civil, aunque hubiera cosas que no me gustan», aseguró.

En cuanto al 1-O, Trapero admitió que le pidió a Puigdemont que desconvocara el referéndum. Y a diferencia de en el Supremo, no mencionó el plan preparado para detener al presidente de la Generalitat si recibían la orden en este sentido.