El pleno del Tribunal Constitucional ha vuelto a tener que intervenir en el proceso soberanista. Este miércoles ha suspendido en principio por cinco meses la resolución del Parlament que iniciaba la cuenta atrás del referéndum independentista, cuya celebración se prevé, "como muy tarde, en septiembre de 2017".
La suspensión obedece a la admisión a trámite del último incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy esta vez contra las resoluciones soberanistas aprobadas por el Parlament en el pleno del pasado 6 de octubre. Ese mismo día, el alto tribunal había acordado por unanimidad remitir a la Fiscalía la actuación de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en la votación del 27 de julio con la que se aprobaron las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente que abrían la vía de la unilateralidad.
Entonces, el alto tribunal todavía no había avalado las nuevas armas con las que le dotó el gobierno del PP poco antes de perder en las urnas la mayoría absoluta. Con ellas puede acordar la suspensión de los cargos públicos que incumplan sus resoluciones mientras se produce esta situación y acordar la ejecución por otra Administración, aunque fuentes del alto tribunal insiste en la sensatez y prudencia del órgano, por lo que antes de adoptar una medida de estas características se procederá a advertir, como en otras ocasiones, a los responsables del incumplimiento.
ALEGACIONES
La providencia de admisión a trámite incluye la concesión de un plazo de 20 días al Parlament para presentar las alegaciones que considere oportunas para que el Constitucional cuente con ellas cuando entre en el fondo del asunto planteado por los Servicios Jurídicos del Estado, que entienden que la Cámara desobedeció otra vez la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que anuló la declaración soberanista que iniciaba el proceso, y el auto de 19 de julio que suspendió la constitución de la comisión de estudiso en una resolución en la que el alto tribunal advirtía de forma expresa "a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la mesa del Parlament" de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir" sus mandatos.
La Abogacía del Estado impugnó el pasado 14 de octubre los acuerdos del Parlament de ocho días antes, consistentes en una propuesta de resolución por la que insta al Govern a "la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, como muy tarde, en septiembre del 2017, con una pregunta clara y una respuesta binaria" y otras propuestas relacionadas con el proceso constituyente de una eventual nueva república catalana. En todas estas ocasiones, los diputados de Ciutadans, PSC y PP rehusaron votar al entender que todas ellas "emanaban de resoluciones previas suspendidas por el Tribunal Constitucional".
