El Tribunal de Cuentas aprobó ayer un informe de fiscalización en el que denuncia las campañas publicitarias promovidas por el Ministerio de Trabajo sobre Seguridad Social mientras Eduardo Zaplana era el responsable de la cartera, con José María Aznar como presidente del Ejecutivo.
Según el tribunal, el ministerio cometió algunas irregularidades para favorecer la imagen del Gobierno del Partido Popular, sobre todo en la campaña previa a las elecciones generales del 14-M del 2004. Ahora, según fuentes del propio tribunal, deberá ser la fiscalía quien determine si hay responsabilidades penales o contables.
El informe analiza la publicidad contratada por el ministerio para publicitar la labor gubernamental en materia de Seguridad Social durante los años 2002, 2003 y el primer cuatrimestre del 2004. El tribunal revisó las adjudicaciones de contratos acordados con un entramado de empresas de publicidad por valor de más de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) que se gastaron, sobre todo, en las polémicas campañas dirigidas a los pensionistas poco antes de las elecciones.
A solicitud del PSOE y de Izquierda Unida, la Junta Electoral Central suspendió en la precampaña electoral del 14-M la publicidad gubernamental sobre la gestión del Ministerio de Trabajo en materia de pensionistas y trabajadores autónomos, por considerar que sus contenidos beneficiaban al PP. El tribunal tomó la decisión por 10 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, a pesar de que la mayoría fue propuesta por el mismo partido conservador, que sigue contando incluso con el presidente, Ubaldo Nieto.
En una nota oficial, el Tribunal de Cuentas aclaró que el informe --de cuya elaboración es responsable el consejero Ciriaco de Vicente-- no es definitivo porque está pendiente de incorporar "las últimas modificaciones y correcciones" aprobadas ayer en el propio pleno.
Asimismo, el comunicado remitido por la institución añade que el informe "no contiene ninguna referencia a eventuales actuaciones del Ministerio Fiscal" ni al delito de malversación de caudales públicos, al uso partidista de la publicidad o a desviación de poder.
