El Tribunal de Cuentas ha vuelto a detectar "defectos, omisiones e irregularidades" en los contratos públicos. Estas, pese a haber sido denunciadas en ejercicios anteriores, siguen sin corregirse, según el último informe de fiscalización, correspondiente al 2004 y que ha sido remitido al Congreso de los Diputados. El dictamen se refiere a los contratos suscritos por la Administración, sus organismos autónomos y la Seguridad Social. "La documentación de los expedientes resultó con frecuencia incompleta", indica el informe.
En sus conclusiones relativas a la contratación celebrada por la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, cuya fiscalización alcanzó un total de 1.328 contratos por importe de 7.837 millones de euros, el Tribunal de Cuentas señala que en algunos contratos se "incumple" la obligación de justificar en el expediente "el procedimiento y la forma de adjudicación". Por ello, el máximo órgano fiscalizador recomienda adoptar las medidas oportunas para que el envío de información se efectúe en los términos legales, así como "aplicar el máximo rigor en la selección de la forma de adjudicación, justificándose la elección del procedimiento y forma utilizados".
Además, el Tribunal de Cuentas indica que, en los expedientes de obras analizadas, se producen frecuentemente "retrasos en su inicio, o suspensiones durante su ejecución, por circunstancias que debieron ser tenidas en cuenta al tramitar el expediente". En este sentido, el tribunal cree que se debería potenciar la planificación y efectuar un análisis exhaustivo en las fases preparatorias de los contratos.
Respecto a las conclusiones sobre la contratación celebrada por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el órgano fiscalizador se queja de que, de los 569 contratos enviados, 422 lo fueron de oficio y 147 se trasladaron por requerimiento del tribunal. Para solventarlo el órgano vuelve a pedir las medidas necesarias para el envío correcto de información.
