El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha pedido mejorar la claridad de las cuentas de los partidos reformando las Leyes Electoral y de Financiación según una propuesta que hizo este órgano en el 2001 y que, de haberse tenido en cuenta, hubieran evitado "muchas cosas que hoy ocupan periódicos". Así lo ha señalado Núñez tras intervenir ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde ha expuesto el informe de Fiscalización de las Contabilidades electorales de los comicios generales de marzo de 2008.

En sus últimas palabras ante la comisión, Núñez ha comentado la transparencia en las cuentas de los partidos podrían evitarse "eliminando las limitaciones que la actual ley contempla". Y ante los periodistas, ha aconsejado modificar las leyes para que la transparencia tanto en las campañas electorales como en el funcionamiento ordinario de los partidos sea lo natural y "nadie la ponga en tela de juicio".

MODIFICAR LA LEY DE 1987

Ha recordado, en este punto, que en 2001 el Tribunal de Cuentas trasladó a las Cortes una moción para modificar la ley entonces vigente -de 1987- de manera que se reforzara el sometimiento de los partidos a la transparencia y publicidad de sus cuentas.

Por el momento, el Tribunal de Cuentas puede fiscalizar aquellas cifras que las fuerzas políticas declaran haber recibido en concepto, por ejemplo, de créditos bancarios, de anticipos por los resultados electorales que posteriormente obtienen, de aportaciones del propio partido o de aportaciones privadas.

Con estos datos el Tribunal de Cuentas elabora un informe "limpio", según han señalado todos los portavoces parlamentarios en la Comisión, pero basado sólo en los datos que facilitan los propios partidos, por lo que para evitar inquietud sobre la transparencia las leyes "deberían ser objeto de una seria y rigurosa reflexión", según ha insistido.

CAMPAÑA DEL 2008 LIMPIA

Respecto a la fiscalización de las cuentas de los partidos en las elecciones generales de marzo del 2008, Núñez ha relatado que el Tribunal no apreció graves incumplimientos, y sólo advirtió pequeñas superaciones del límite de gasto por parte del PP (por valor de 15.800 euros) y Nafarroa Bai (de casi 94.300 euros).

Además, ha explicado que los partidos gastaron en aquellas elecciones 67,7 millones de euros, de los cuales 44,6 millones fueron préstamos bancarios; 15,7 millones en concepto de anticipos electorales; 6,1 millones de aportaciones del partido; y 0,2 millones de manos privadas.

El informe del Tribunal de Cuentas detectó también que algunas empresas aludieron su obligación de remitirle información detallada de su facturación a las fuerzas políticas, si bien Núñez ha remarcado que el importe global es poco significativo.