El Tribunal de Cuentas pide acceso a los datos tributarios de los partidos

Su petición no es nueva, recuerda en una entrevista con Efe, ya que está incluida en una moción sobre el "deber de colaboración" de las administraciones que el tribunal aprobó hace casi dos años y que, a pesar del tiempo transcurrido, los partidos todavía no han tenido a bien debatir en el Parlamento.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social, recuerda Álvarez de Miranda, están obligadas a facilitan sus datos al tribunal cuando son ellas las entidades fiscalizadas, pero no cuando se les pide información sobre las formaciones políticas.

Conseguir esos datos facilitaría un control exhaustivo de su actividad, aunque, subraya, en ningún caso el tribunal podrá tener acceso a una contabilidad opaca.

"La existencia de una contabilidad B, al ser un elemento oculto, no conocido, ni existente en la realidad económica conocida de una entidad pública o privada, sólo se puede detectar con medios que están al alcance de la Justicia y de la Policía", destaca.

Sólo jueces y policías pueden, por ejemplo, probar actividades delictivas tras levantar el secreto de las comunicaciones.

A pesar de estas limitaciones, el presidente del tribunal valora las últimas reformas introducidas en la ley de financiación de los partidos políticos, con un régimen sancionador más estricto que evitará la prescripción de los delitos, y también elogia la ley de transparencia.

Además de dejar claras las obligaciones de los gestores públicos y de incorporar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, apunta, fija un régimen sancionador que hasta ahora no existía para "gran cantidad de irregularidades de carácter presupuestario y administrativo".

Pese a haber quedado en un principio al margen de esa ley, finalmente los partidos se someterán también a ella, una "decisión política" que Álvarez de Miranda no cuestiona, aunque advierte de que el derecho a acceder a la información o el régimen sancionador "difícilmente se pueden aplicar a una entidad privada".

No opina sobre la posibilidad de aplicar esta ley a la Casa Real, aunque señala las dificultades del tribunal a la hora de fiscalizar a esta institución por su regulación constitucional.

Tras la polémica surgida esta semana por el plan de contabilidad general para los partidos políticos que ha presentado el Tribunal de Cuentas, su presidente insiste en que no pretende fiscalizar a los familiares de dirigentes políticos, sino obligar a los partidos a informar de cualquier operación que realicen con ellos, porque son considerados "partes vinculadas".

El objetivo de informar de esos contratos no es otro, explica, que determinar que se han suscrito a precios de mercado.

"Se ha puesto el acento en los familiares, pero son fundamentalmente contratos con las propias fundaciones de los partidos y con empresas" de miembros del partido "para verificar que estas operaciones no tienen un precio especial", añade.

En el momento en el que el tribunal detecta un agujero en las cuentas de las entidades que fiscaliza o indicios de delito, lo pone en conocimiento de la Fiscalía, que también recibirá, como la Abogacía del Estado, el informe antes de su aprobación final.

Si finalmente se detecta alguna responsabilidad penal, es la justicia la que continúa con el esclarecimiento del caso, explica Álvarez de Miranda tras recordar el importante papel del tribunal a la hora de investigar casos como el del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), el Forcem o, más recientemente, el del consistorio madrileño de Parla.

Comprende también que haya quien pueda verse frustrado al comprobar que el tribunal, año tras año, emite recomendaciones para mejorar la contabilidad de las administraciones y los partidos que caen en saco roto.

Para solucionarlo, propone la creación en las Cortes de un "registro público" que recoja todas esas recomendaciones: "Sería una manera de recordar a todo el mundo que pueden existir medidas que se deberían haber tomado y no se han tomado".

Álvarez de Miranda es consciente también de los importantes retrasos que acumula el tribunal y reconoce que la fiscalización de los partidos -cuyos informes pueden tardar más de cuatro años en llegar al Parlamento- es uno de sus "puntos críticos", pero confía en agilizar los trabajos.

En su opinión, no se necesita "una gran revolución de medios personales", pero sí cubrir las plazas que han quedado vacantes en los últimos tiempos debido fundamentalmente a jubilaciones y que siguen sin reponerse por la paralización de las oposiciones.

El tribunal, por su parte, va a reorientar el personal hacia las unidades que acumulan mayores retrasos.

Sin embargo, quiere dejar claro que su trabajo exige tiempo, ya que, además de declarar la fiabilidad de los estados financieros, como haría una auditoría privada, hace un análisis de control de legalidad y también de la eficacia, la eficiencia y la economía en la gestión de los recursos públicos.