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EL EXPOLIO DE UNA ENTIDAD CULTURAL

El Tribunal de Cuentas recrimina a CDC que ocultara el 'caso Palau'

El órgano fiscalizador sostiene que el partido debería haber provisionado los 6,6 millones de euros que le reclama la fiscalía. La Audiencia de Barcelona notificará este lunes a las acusaciones y las defensas la sentencia por el millonario saqueo

 

Fèlix Millet y Jordi Montull. - FERRAN NADEU

J. G. ALBALAT
14/01/2018

El Tribunal de Cuentas reprocha en su último informe sobre partidos políticos que CDC no provisionara ni contemplara en el pasivo de sus balances del 2014 y el 2015 los 6,6 millones de euros que la fiscalía reclama que se le decomisen por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música desde el año 2000 hasta el 2008, en la época de Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Precisamente, la Audiencia de Barcelona notificará este lunes la sentencia por el presunto desvío de fondos del auditorio para uso particulares de sus máximos directivos y el supuesto pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obras públicas, como la Linea 9 del metro de la capital catalana o la Ciutat de la Justícia, durante los gobiernos de Jordi Pujol.

El órgano fiscalizador ha detectado supuestas anomalías en la contabilidad de CDC de los ejercicios del 2014 y el 2015  y una de ellas, según expone en su último informe, se concreta en que Convergència no ha reconocido en el pasivo la correspondiente provisión para atender las responsabilidades que pudieran derivarse del  ‘caso Palau de la Música’. En su opinión, "debió registrar una provisión" para responsabilidades "con base en la mejor estimación posible del importe necesario para atender" el eventual pago.

El mismo dictamen señala que el fiscal ha cuantificado la responsabilidad civil que resultaría exigible a CDC en 6,6 millones de euros.  En estos momentos, la formación política tiene embargadas 15 sedes por un importe de 3,2 millones de euros, que fue la cantidad entonces exigida por el juez instructor y que, al final, no se modificó para alcanzar los 6,6 millones que reclamó el fiscal Emilio Sánchez Ulled en el juicio que finalizó el pasado 16 de junio.

LAS JUSTIFICACIONES

El partido expone en sus alegaciones que la información sobre este procedimiento judicial figura "debidamente y ampliamente en la memoria", a la vez que argumenta que los pasivos deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su vencimiento, deba entregarse y "siempre que se pueda valorar con fiabilidad". CDC señala que "la evolución del proceso judicial hace imposible determinar el vencimiento de la obligación" (cuándo debe pagar) y la cantidad exacta que debe depositar para ser decomisada. Es decir, no se puede concretar nada pues no hay sentencia definitiva. Por lo tanto, a su entender, "es correcto el tratamiento utilizado en las cuentas del 2014 y el 2015 y no existe ninguna anomalía en la contabilidad del partido".

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha rechazado las alegaciones de CDC y en su informe sostiene que el plan de contabilidad adaptado a las formaciones políticas (PCAF), aprobado por el pleno de este órgano fiscalizador en el 2013, señala que "el criterio de prudencia" no justifica que "la valoración de los elementos patrimoniales no respondan a la imagen fiel que deben reflejar las cuentas anuales", por lo que "se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto sean conocidos". De esta manera, según esta entidad, las cantidades estimadas que puedan suponer una obligación futura para la formación política "deben ser objeto de registro contable".

LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

La sentencia que está previsto que la Audiencia de Barcelona notifique este lunes a las 9.30 de la mañana a los fiscales y a todos los abogados, tanto los defensores como los acusadores, determinará si realmente CDC cobró o no comisiones, a través del Palau de la Música, por parte de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Pujol. En su informe final, el fiscal Ulled fue muy claro: "El Palau de la Música era la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial quería hacer llegar a CDC".

Por esta razón, exigió el decomiso de los 6,6 millones de euros, así como la condena a ocho años de prisión para el extesorero del patido Daniel Osàcar, a quien Millet señaló como el "Daniel" que aparece en un documento sobre el reparto de comisiones. Una parte se la quedaron el expresidente del auditorio y su mano derecha, Jordi Montull. El PDECat, heredero de CDC y presidido por Artur Mas hasta el pasado sábado, se ha desvinculado desde el primer momento de los casos de corrupción de la época de Pujol.


El extesorero de CDC Daniel Osàcar, a la salida de la Ciudad de la Justicia /RICARD CUGAT

Una de las pruebas que el tribunal valora en la sentencia son los documentos hallados en el registro del Palau de la Música practicado por los Mossos el 23 de julio del 2009. La fiscalía sostiene que estos papeles indican que Ferrovial pagó comisiones a CDC, a través de la entidad, a cambio de obra pública. Una hipótesis reforzada en el juicio por el pacto sellado entre el fiscal y la defensa de Montull y de su hija Gemma. El acuerdo supone una rebaja considerable en la petición de pena para ellos. Millet no quiso quedarse solo y, al final, también se apuntó al carro de las confesiones.

FALSAS DONACIONES

Millet declaró en el juicio: "Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a parar a CDC a cambio de obra pública. Eso no lo dije en mi confesión del 2009, pero es la verdad". Eran falsas donaciones altruistas para esponsorizar actos y conciertos. Gemma Montull, que ocupaba el cargo de directora financiera, ratificó ante el tribunal el desvío de fondos al partido. Y su padre, Jordi Montull, insistió en la misma tesis. El terremoto alcanza a Carles Torrent, quien fue tesorero de CDC hasta el 2005, cuando falleció, y a su sustituto en el cargo, Daniel Osàcar. Por parte de la constructora, están acusados dos exdirectivos, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que supuestamente eran los encargados de la canalización de los fondos.


Gemma Montull y su padre, Jordi Montull, a la salida de los juzgados /DANNY CAMINAL

Millet reconoció que se hicieron pagos a Torrent y que Montull, para quien se solicita 10 años y 10 meses de prisión, estaba al corriente. "Se ponían de acuerdo Convergència y Ferrovial", según su versión, antes de que la constructora diera el dinero al Palau camuflado como patrocinio. Ferrovial siempre lo ha negado. Montull remató: "Las comisiones pasaron del 3% al 4% porque CDC quería más dinero". El juicio fue un casi todos contra CDC, que también ha desmentido haber recibido comisiones. Los magistrados tienen ahora la palabra, aunque la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Supremo. Todavía queda ‘caso Palau’ para años.

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