El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio ayer luz verde a la continuidad de la causa contra Juan José Ibarretxe y los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares por el diálogo que mantuvieron con dirigentes de Batasuna.
Este pleito, que también afecta a seis dirigentes de la izquierda aberzale, tiene como motor al Foro Ermua, y la decisión de la sala de lo civil y penal acerca al lendakari al banquillo para ser juzgado por un delito de desobediencia que tanto su defensa como la fiscalía rechazan.
De hecho, la desestimación de los recursos que presentaron Ibarretxe, López, Ares y los seis miembros de la dirección de Batasuna imputados --entre ellos Arnaldo Otegi y Pernando Barrena-- deja ya en manos del juez instructor la opción de confirmar la apertura de juicio oral o decidir un sobreseimiento al que hasta ahora se ha opuesto.
TENSO ENFRENTAMIENTO Esta insistencia en rechazar el archivo de la causa ha dado origen a un enfrentamiento entre la cúpula del tribunal que preside Fernando Ruiz Piñeiro y el Gobierno vasco y los tres partidos que lo apoyan. La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate (PNV), arremetió ayer sin contemplaciones contra el auto y dio por hecho que Ibarretxe será juzgado. "Estamos en la antesala de un hecho histórico", dijo para recalcar que mientras no se ve como delito que Zapatero hable con ETA, se criminaliza al lendakari por dialogar con Batasuna.
Azkarate denunció la "politización de la justicia" y puso en duda la calidad jurídica del auto que firman Piñeiro y Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Sin embargo, la magistrada Nekane Bolado emitió un voto particular en el que defiende estimar los recursos de Ibarretxe, Patxi López y Ares y asegura, entre otras cosas, que se ha privado al lendakari del "derecho a la tutela judicial efectiva". La mesurada reacción del PSE contrastó con la rotunda acusación del PNV. Y es que mientras la ejecutiva socialista difundió un comunicado para defender la inocencia de sus dirigentes, a los que el juez Baltasar Garzón autorizó a entrevistarse con Otegi, el portavoz peneuvista, Iñigo Urkullu, respondió con un ataque. Acusó a "determinados estamentos de la justicia" de haberse convertido en freno para la "normalización" política vasca y dijo que adoptan decisiones en función de "impulsos políticos o intereses electorales".
Urkullu recordó que son organizaciones y foros ligados a la "derecha más reaccionaria" quienes dirigen la política española a través de iniciativas que luego son "apoyadas por la justicia". EB acusó al tribunal de mantener una "caza de brujas" y EA calificó de "esperpéntica" la actuación de la sala.
