El Gobierno vasco no cederá en su decisión de perseguir la exhibición de fotos de presos etarras a pesar del varapalo judicial que le ha propinado la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior Vasco al revocar la prohibición de mostrar en público fotos de los reclusos. Aunque el fallo se ciñe a tres actos concretos convocados para hoy mismo y los próximos 28 y 29 en Arrasate (Guipúzcoa) por la asociación de familiares de presos Etxerat, su contenido pone en cuestión la nueva política de nula tolerancia con el entorno etarra seguida por el Departamento de Interior, y que ha derivado a lo largo del verano en la conocida como guerra de las fotos . El propio consejero de Interior, Rodolfo Ares, señaló que, aun tratándose de una decisión "puntual" que resuelve unos recursos concretos planteados por Etxerat, el fallo constituye una "tremenda equivocación". Y aunque se apresuró a decir que acatará la decisión, dejó claro que ya no se fía del tribunal vasco y anunció que, a partir de ahora, su Gobierno intentará que sea la Audiencia Nacional la que se pronuncie en todos los casos.

DISCREPANCIA JUDICIAL Hasta ahora, las resoluciones del Departamento de Interior para impedir actos convocados por el entorno de ETA o para limitar las condiciones de su desarrollo habían contado con el aval de la Audiencia Nacional y de la fiscalía. Sin embargo, la sección primera de lo Contencioso del Tribunal Vasco ha hecho valer su discrepancia. Aunque admite como "indiscutido" el criterio establecido por el Supremo de que mostrar fotos de miembros de ETA puede servir para ensalzar a terroristas, entiende que, en esta ocasión, "no puede darse por suficientemente argumentada" la relación entre la exhibición de fotos y el "menosprecio o trato denigrante" para las víctimas.

La tesis del tribunal, que preside el magistrado Javier Murgoitio, es que si el Departamento de Interior consideraba que existían razones para impedir la manifestación de 30 minutos convocada con el lema Etxean nahi ditugu (Los queremos en casa) , lo que debía haber hecho era no autorizar su celebración.

"HUMILLACION INTOLERABLE" El desacuerdo con la resolución no solo se extendió entre los socialistas y populares vascos, que han avalado juntos la persecución policial contra toda la simbología etarra. Las asociaciones de víctimas --hasta una docena-- firmaron un comunicado para decir que consideran una "humillación intolerable" la exhibición fotográfica de personas detenidas o juzgadas por delitos de terrorismo. Aralar, Eusko Alkartasuna (EA) y EB dijeron que la sentencia confirmaba sus dudas sobre la falta de soporte legal en la política seguida por Ares. La parlamentaria Aintzane Ezenarro (Aralar) la calificó de "brocha gorda" y pidió "reflexión".