El Tribunal Supremo (TS) se ha convertido en la asignatura pendiente del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Ayer, la sala de lo contencioso confirmó la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de negarse a abrir un expediente al juez Baltasar Garzón por la investigación que llevó a cabo en el marco del sumario del caso Gürtel .

El magistrado de la Audiencia Nacional --suspendido de sus funciones desde mayo-- autorizó la grabación de las conversaciones que el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, mantuvo en la cárcel con sus abogados. Además, acordó que fueran excluidos del sumario los comentarios que afectaban al derecho de defensa. Por ello, en la causa que remitió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) no incluyó una charla sobre la actuación de Camps en el caso de los trajes.

Estos hechos fueron denunciados por el líder autonómico ante el CGPJ, pero los vocales del Poder Judicial se negaron a actuar contra Garzón porque las decisiones cuestionadas las había tomado como juez. El presidente valenciano no se arrugó y acudió al TS para que revocase el acuerdo del CGPJ porque el alto tribunal es el encargado de revisar las decisiones de dicho organismo.

ARGUMENTOS REITERATIVOS Camps reiteró ante el tribunal los mismos argumentos que ya expuso ante el Poder Judicial. Es decir, acusó al magistrado de la Audiencia Nacional de "haber ordenado la exclusión de la transcripción" de unas conversaciones que le eran favorables y, que en su opinión, "no tenían nada que ver con la estrategia de defensa" de los responsables de la red corrupta y de abrir una investigación sobre filtraciones sumariales cuando "el juez es uno de los sospechosos del delito de revelación sumarial".

El Supremo ha rechazado estas explicaciones porque entiende que las decisiones de Garzón quedan "fuera del control gubernativo" y que las mismas solo pueden ser atacadas por la vía de los recursos. También avala que el CGPJ rechazara la pretensión de Camps porque es lo correcto cuando tiene claro que la denuncia no tiene viabilidad jurídica.

A pesar de todo ello, el alto tribunal explica que esta posición "no prejuzga su calificación en el ámbito del ordenamiento penal". Y recuerda además que, "en realidad", estos mismos hechos ya están siendo investigados por el magistrado de la sala penal Jorge Alberto Barreiros, quien ha decretado el secreto del sumario a la espera de que el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, levante el suyo.

REACCION DEL GOBIERNO La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez, confió en el proceso penal que tramita el Tribunal Supremo contra Garzón por estos hechos. "Tenemos la convicción de que nos será favorable", afirmó. En mayo, el alto tribunal ordenó al TSJCV que reabriera el caso de los trajes, en el que está imputado Camps y otras tres personas.