El Tribunal Supremo se reunirá hoy para decidir si acepta la petición del abogado del Estado, que reclama la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en Euskadi y Navarra y del grupo del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) en el Parlamento autonómico. También reclama que se designe a tres liquidadores judiciales para que el dinero que han recibido los partidos ilegalizados sea devuelto al erario.
La petición del Gobierno, a la que se ha sumado la fiscalía, se ha planteado en el proceso de ejecución de las sentencias de ilegalización dictadas por la sala especial del 61 del Supremo contra ANV y EHAK el pasado septiembre. La intención de los servicios jurídicos del Estado es despojar de derechos a estos partidos después de que se haya dictaminado que ambos son sucesores de la ilegalizada Batasuna.
OTRAS SIGLAS El alto tribunal, al igual que hizo con Batasuna, tendrá ahora que exigir la disolución de los grupos municipales de ANV que, tras la ilegalización, funcionan bajo otras siglas y se han incorporado al grupo mixto de 125 corporaciones municipales. El abogado del Estado quiere que los concejales de este partido pasen al grupo de no adscritos. De este modo, se evitaría que reciban subvenciones públicas, aunque los ediles podrían seguir percibiendo sus salarios. Estas formaciones tienen embargadas sus cuentas por orden del juez Baltasar Garzón, que en febrero decretó la suspensión de sus actividades.
La petición también alcanza a la presencia de ANV en las juntas generales de Vizcaya y Alava. Esta decisión implicaría "el cese en el abono de toda cantidad que han venido percibiendo dichos grupos". La misma solicitud se plantea contra el grupo parlamentario de EHAK aunque, en este caso, la medida no es perentoria, ya que está previsto que el Parlamento se disuelva a primeros de enero por la convocatoria de elecciones.
La reunión de la sala especial --que presidirá Carlos Dívar, por ser el presidente del Supremo-- se celebrará unos días después de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso presentado por ANV contra su ilegalización. Esta formación ha pedido al alto tribunal que suspenda la ilegalización hasta que resuelva el fondo del asunto. El Gobierno y la fiscalía se han opuesto a la suspensión.
Las medidas judiciales no distorsionarán el trabajo del Gobierno, que busca echar de los ayuntamientos a ANV. Pero esta exclusión choca con la doctrina del Constitucional, que tiene establecido que las actas de los concejales pertenecen a las personas, y no a los partidos.
